Armas no letales: riesgo para la vida e integridad de los ciudadanos

-       Hicimos un recorrido por un sector comercial en Bogotá y evidenciamos como las pistolas de balines, fogueo y otras armas de letalidad reducida, son vendidas sin ningún control.

   Ver video.  https://www.youtube.com/watch?v=sr6XSaoBLMk

-       El nuevo Código Nacional de Policía establece una sanción de 183.000 pesos para quienes porten estas armas, sin embargo las medidas que se contemplan están orientadas solamente al porte de dichos artefactos pero no a su comercialización.

-       Con la sanción del Código Nacional de Policía, la Administración Distrital, tendrá que realizar modificaciones al Código de Policía de Bogotá. El concejal Nelson Cubides Salazar, advierte la importancia de incluir normas que permitan ejercer control a la venta de dichas armas.

-    Realizar un registro ante la Policía Nacional de las armas que son compradas para fines deportivos o situaciones justificadas, que establecimientos tramiten un permiso especial para vender dichas armas y se sometan a controles periódicos, son algunas de las propuestas del cabildante.

Las  armas neumáticas, de fogueo y de balines, así como otros elementos de letalidad reducida, son vendidos en Bogotá sin ningún control ni reglamentación. Conseguir uno de estos artefactos es muy sencillo; las ofrecen en establecimientos de reconocidos sectores comerciales de la ciudad, pero también en la calle como cualquier otro elemento.

Para el concejal Nelson Cubides Salazar, las armas de fogueo y de balines bien pueden ser utilizadas por un ciudadano para su defensa personal, pero también pueden ser manipuladas por un delincuente. Este año se han presentado varios casos de intolerancia e inseguridad en los que dichas armas han causado situaciones lamentables. El cabildante, advierte que dichos artefactos son un riesgo para la vida y la integridad de los ciudadanos. “Las sanciones establecidas en el nuevo Código de Policía son positivas, sin embargo la norma sigue siendo insuficiente pues el problema de fondo tiene que ver con la forma en que pueden ser adquiridos dichos elementos, por eso es necesario que la Administración Distrital ponga control a la venta de dichas armas”, indicó el concejal Cubides.

Un problema en crecimiento

El pasado 23 de julio en Bogotá, un conductor de Uber fue atacado por un taxista quien le disparó en varias ocasiones con una pistola de balines, uno de ellos impactó en su cabeza.

 

El 2 de junio, un taxista atacó con una pistola de balines a un bus escolar, uno de los niños resultó lesionado.

El 1 de mayo en medio de las manifestaciones por el día del trabajo, un joven disparó contra la fuerza pública con un arma de fogueo.

El 15 de enero tres asaltantes que portaban armas de fogueo, intentaron robar una droguería en ubicada en Usaquén.

En la ciudad de Cali recientemente se presentó un caso de gravedad; una mujer en medio de un presunto robo perpetrado por dos jóvenes que portaban armas de fogueo y se transportaban en motocicleta, los arrolló con su vehículo causando la muerte a uno de ellos quien resultó ser menor de edad.

El pasado 7 de mayo en Long Beach (California), un joven perdió la vida al intentar agredir a la policía con un arma de balines, los oficiales pensando que se trataba de un arma de fuego le dispararon causando su muerte al instante.

 “En la capital no podemos esperar a que sucedan hechos como los presentados en Cali o en California para poner freno a la venta de estos artefactos. Estuvimos en un reconocido sector comercial en Bogotá y evidenciamos lo fácil que resulta comprar armas y otros instrumentos de letalidad reducida como gases pimienta, taser o armas de electrochoques, bastones metálicos retractiles y puños de acero. Según sus comerciantes un arma de balines cuando se dispara a menos de dos metros resulta peligrosa, pues la presión con la que sale el balín hace que éste se incruste en la piel causando heridas de gravedad. Las pistolas de balines y de fogueo tienen un precio promedio entre 200 mil y 600 mil pesos. Los electrochoques se venden desde 30 mil hasta 250 mil pesos. Conseguir estas armas es tan sencillo que hasta las ofrecen por internet y las entregan a domicilio”, señaló el cabildante. (Ver video)

En Colombia la venta de estas armas está respaldada por el Decreto 2535 de 1993 del Ministerio de Defensa, el cual especifica que no se requiere permiso para porte o tenencia de armas neumáticas. Sin embargo, el nuevo Código Nacional de Policía en su artículo 27 establece un sanción de hasta ocho salarios mínimos diarios legales vigentes ($183.000) para quienes porten armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad reducida o sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento que se asimile a armas de fuego, en lugares abiertos al público donde se desarrollen aglomeraciones de personas o en aquellos donde se consuman bebidas embriagantes.

Para el concejal conservador, el nuevo Código Nacional de Policía es una oportunidad para que la Administración Distrital en conjunto con el Concejo de Bogotá a través de su facultad residual y subsidiaria en esta materia, establezcan normas que restrinjan la venta de estas armas, puesto que las medidas que se contemplan en el nuevo Código están orientadas únicamente al porte de dichos artefactos pero no a su comercialización y control. “Con la sanción del Código Nacional de Policía, la Administración Distrital, tendrá que realizar modificaciones al Código de Policía de Bogotá (Acuerdo 79 de 2003), lo cual brinda una gran oportunidad para poner reglas claras y ejercer un control al porte y comercialización de las mal llamadas armas no letales, que en realidad generan un peligro inminente para los ciudadanos”, dijo el concejal Nelson Cubides.

¿Qué hacer para poner control a la venta de estas armas?

1.    Que en la revisión y modificación del Código de Policía de Bogotá, se incorporen normas que puedan ser ejecutadas por la Policía Nacional, ejerciendo los controles necesarios para que la venta de estas armas sea únicamente en lugares autorizados y para actividades justificadas.

2.    Esta norma debe contener al menos un registro ante la Policía Nacional de las armas que son compradas para fines deportivos o situaciones justificadas.

3.    Los establecimientos y sitios web que comercialicen estos artefactos deben someterse a un control periódico y tener la respectiva autorización para vender dichos elementos.

4.    Las armas deben ser compradas únicamente por personas mayores de edad.

Ni por el SÍ de Santos, ni por el NO de Uribe, por una Asamblea Constituyente

Santos va a convocar un plebiscito sobre el acuerdo que está negociando con las Farc y que está próximo a firmarse. Los trabajadores y sectores populares debemos fijar una posición sobre ese plebiscito. Este mecanismo de “consulta” es de todos el más antidemocrático porque no permite opinar y solo le da al votante dos opciones: SI o NO.

Votar por el SÍ significa apoyar al gobierno de Santos y el acuerdo con las Farc, cuyo contenido de fondo es respaldar sus planes económicos y políticos que favorecen fundamentalmente a los terratenientes, a los empresarios y a las multinacionales, en desmedro de la situación de los trabajadores y los pobres. Por eso no debemos apoyar el SÍ.

Votar por el NO significa el rechazo a que se termine el conflicto armado que ha producido muerte, desplazamiento y expropiación de la tierra al campesinado pobre, entre otros crímenes. Uribe y su sector se decidió por la opción del NO para lograr más impunidad para sus crímenes, al pretender que se negocie otro acuerdo más benévolo para sus intereses. El NO representa la negativa a entregar las tierras usurpadas y la negativa a que las FARC se integren a la vida política legalmente con garantías democráticas. Por eso la del NO es una opción que tampoco debemos apoyar.

La abstención en general significa indiferencia. En este caso en particular puede ser una forma de expresar el rechazo a Santos y a Uribe, o pretender golpear el umbral para que no alcance la aprobación como lo había contemplado Uribe. Pero no debemos quedarnos simplemente en el rechazo. Debemos proponer una alternativa. Gane el Si o gane el NO, de todas formas la negociación con las Farc seguirá adelante porque ya manifestaron que no volverán a la lucha armada y negociarán para reintegrarse a la actividad política legal, por lo que en realidad el cese del conflicto no está en juego como nos quieren hacer creer.

No debemos caer en lo que ya cayó la burocracia sindical y la izquierda reformista: apoyaron a Santos en la segunda vuelta de las pasadas elecciones para su reelección. Hoy siguen hipotecados y están llamando a apoyar el SÍ. Es decir a apoyar el plan de Santos. Esa es la razón por la cual se oponen a centralizar las luchas en un paro nacional contra el gobierno. Es la razón por la cual no buscan mecanismos para unificar los conflictos, y cuando comienza a manifestarse el inconformismo popular, convocan jornadas controladas para descomprimir el descontento social, o eventos controlados con declaraciones amañadas como el encuentro nacional de organizaciones sociales y políticas de julio.

Por las consideraciones antes señaladas proponemos una campaña desde el punto de vista y los intereses de la clase trabajadora. Por la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente libre, amplia, democrática y soberana, conquistada mediante la movilización y la lucha, cuyos diputados constituyentes sean los dirigentes de las luchas y conflictos, no los que detentan el poder económico y político mediante un proceso electoral controlado por ellos.

Esa Constituyente, con ese carácter, puede discutir y legislar sobre los problemas sociales más sentidos por la clase trabajadora y los pobres. En ella los socialistas propondremos un programa que incluya entre otros puntos los siguientes:

1. Reforma agraria democrática y radical expropiando a los terratenientes y a las multinacionales.

2. No a la impunidad, castigo a los culpables del genocidio paramilitar.

3. Amplias libertades democráticas, que se desmonten los aparatos represivos como el Esmad y los paramilitares.

4. Ruptura de los pactos con el imperialismo y no pago de la fraudulenta deuda externa.

5. Distribución de las horas de trabajo entre toda la población económicamente activa para resolver el problema del empleo y garantizar estabilidad laboral.

5. Estatización y gratuidad en salud, educación y transporte.

6. Vivienda digna para la población, garantizada por el Estado.

7. Alza general de salarios y que el mínimo se corresponda con el costo de la canasta familiar.

8. Eliminación de los impuestos indirectos e implementación de fuertes impuestos progresivos para los burgueses.

Juan de la Cruz Sánchez R., vocero de la campaña del PST ante el plebiscito que convocará el gobierno para refrendar los acuerdos con las FARC en La Habana

En el vídeo a continuación, Juan de la Cruz Sánchez R., vocero de la campaña del PST ante el plebiscito que convocará el gobierno para refrendar los acuerdos con las FARC en La Habana, presenta la ÚNICA propuesta realmente independiente, desde una perspectiva de los trabajadores, las víctimas, los explotados y oprimidos para no quedar hipotecado ni al gobierno ni a la fracción burguesa de Uribe: ¡Ni por el SI de Santos, ni por el NO de Uribe; ¡por una Asamblea Constituyente que decida sobre los grandes problemas que aquejan a millones: salud, educación, vivienda, tierra para el campesina, garantías democráticas para la libre actividad política; incluyendo la incorporación de la guerrilla a la actividad política legal. https://youtu.be/LhoS2XRng8M

Ni por el SÍ de Santos, ni por el NO de Uribe, por una Asamblea Constituyente

Boletín P.S.T . Colombia 

Lo publicamos como parte de nuestro deseo de objetividad y responsabilidad.

Santos va a convocar un plebiscito sobre el acuerdo que está negociando con las Farc y que está próximo a firmarse. Los trabajadores y sectores populares debemos fijar una posición sobre ese plebiscito. Este mecanismo de “consulta” es de todos el más antidemocrático porque no permite opinar y solo le da al votante dos opciones: SI o NO.

Votar por el SÍ significa apoyar al gobierno de Santos y el acuerdo con las Farc, cuyo contenido de fondo es respaldar sus planes económicos y políticos que favorecen fundamentalmente a los terratenientes, a los empresarios y a las multinacionales, en desmedro de la situación de los trabajadores y los pobres. Por eso no debemos apoyar el SÍ.

Votar por el NO significa el rechazo a que se termine el conflicto armado que ha producido muerte, desplazamiento y expropiación de la tierra al campesinado pobre, entre otros crímenes. Uribe y su sector se decidió por la opción del NO para lograr más impunidad para sus crímenes, al pretender que se negocie otro acuerdo más benévolo para sus intereses. El NO representa la negativa a entregar las tierras usurpadas y la negativa a que las FARC se integren a la vida política legalmente con garantías democráticas. Por eso la del NO es una opción que tampoco debemos apoyar.

La abstención en general significa indiferencia. En este caso en particular puede ser una forma de expresar el rechazo a Santos y a Uribe, o pretender golpear el umbral para que no alcance la aprobación como lo había contemplado Uribe. Pero no debemos quedarnos simplemente en el rechazo. Debemos proponer una alternativa. Gane el Si o gane el NO, de todas formas la negociación con las Farc seguirá adelante porque ya manifestaron que no volverán a la lucha armada y negociarán para reintegrarse a la actividad política legal, por lo que en realidad el cese del conflicto no está en juego como nos quieren hacer creer.

No debemos caer en lo que ya cayó la burocracia sindical y la izquierda reformista: apoyaron a Santos en la segunda vuelta de las pasadas elecciones para su reelección. Hoy siguen hipotecados y están llamando a apoyar el SÍ. Es decir a apoyar el plan de Santos. Esa es la razón por la cual se oponen a centralizar las luchas en un paro nacional contra el gobierno. Es la razón por la cual no buscan mecanismos para unificar los conflictos, y cuando comienza a manifestarse el inconformismo popular, convocan jornadas controladas para descomprimir el descontento social, o eventos controlados con declaraciones amañadas como el encuentro nacional de organizaciones sociales y políticas de julio.

Por las consideraciones antes señaladas proponemos una campaña desde el punto de vista y los intereses de la clase trabajadora. Por la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente libre, amplia, democrática y soberana, conquistada mediante la movilización y la lucha, cuyos diputados constituyentes sean los dirigentes de las luchas y conflictos, no los que detentan el poder económico y político mediante un proceso electoral controlado por ellos.

Esa Constituyente, con ese carácter, puede discutir y legislar sobre los problemas sociales más sentidos por la clase trabajadora y los pobres. En ella los socialistas propondremos un programa que incluya entre otros puntos los siguientes:

1. Reforma agraria democrática y radical expropiando a los terratenientes y a las multinacionales.

2. No a la impunidad, castigo a los culpables del genocidio paramilitar.

3. Amplias libertades democráticas, que se desmonten los aparatos represivos como el Esmad y los paramilitares.

4. Ruptura de los pactos con el imperialismo y no pago de la fraudulenta deuda externa.

5. Distribución de las horas de trabajo entre toda la población económicamente activa para resolver el problema del empleo y garantizar estabilidad laboral.

5. Estatización y gratuidad en salud, educación y transporte.

6. Vivienda digna para la población, garantizada por el Estado.

7. Alza general de salarios y que el mínimo se corresponda con el costo de la canasta familiar.

8. Eliminación de los impuestos indirectos e implementación de fuertes impuestos progresivos para los burgueses.

COLOMBIA Seis acuerdos: sí o no

Autor: Antonio Romero

El 20 de julio de 1964 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia decretaban desde Marquetalia el Programa Agrario de los Guerrilleros que en su Artículo Primero decía:

“A la reforma agraria de mentiras de la burguesía oponemos una efectiva Reforma Agraria Revolucionaria que cambie de raíz la estructura social del campo colombiano, entregando en forma completamente gratuita la tierra a los campesinos que la trabajan o quisieran trabajarla, sobre la base de la confiscación de la propiedad latifundista en beneficio de todo el pueblo trabajador. La Reforma Agraria Revolucionaria entregará a los campesinos las herramientas, animales de labor, equipos y construcciones para su debida explotación económica. La reforma agraria es la condición indispensable para elevar verticalmente el nivel de vida material y cultural de todo el campesinado, librarlo del desempleo, del hambre y del analfabetismo; para liquidar las trabas del latifundismo y para impulsar el desarrollo de la producción agropecuaria e industrial del país. La Reforma Agraria confiscará las tierras ocupadas por los imperialistas yanquis a cualquier título y cualquiera que sea la actividad a la cual están dedicadas”.

Cincuenta y dos años después, las FARC anuncian el acuerdo con el Gobierno de Colombia para un cese del fuego bilateral y definitivo, además de un acuerdo acerca de las condiciones para la entrega de armas, como último paso al “Acuerdo Final para la terminación del conflicto que contribuya a la construcción de la paz estable y duradera”.

Este acuerdo contiene seis puntos que –contrario a lo que sostiene la extrema derecha representada en el ex presidente Uribe Vélez– nada tiene que ver con el programa liberal radical que levantara las FARC en Marquetalia hace más de medio siglo, ni con la reforma agraria en defensa del mercado interno que defendieran en los últimos años, lo acordado hasta ahora se parece más al programa de gobierno ‘Prosperidad para todos’ de Juan Manuel Santos.

Basta hacer el ejercicio de revisar los textos acordados e ir a las páginas de las distintas instituciones estatales, para mirar que en los seis puntos no hay una sola modificación del régimen en Colombia y que lo nuevo será que las FARC estarán haciendo política, con un programa regresivo con relación al que levantaron aquel 20 de julio en Marquetalia.

Primer punto: Política de desarrollo agrario integral

El primer punto acordado en la agenda fue la otrora llamada cuestión agraria, que ha sido el motor de la confrontación armada en el país. Pero contrario a lo que se pensaba, fue el más fácil de firmar, porque las FARC aceptaron el llamado desarrollo agrario integral con enfoque territorial, que no es más que la política del liquidado Incoder de entrega de baldíos tanto a campesinos como a empresarios y la entrega de unas zonas de reserva campesina.

En el documento ‘Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral’, se manifiesta que se reconoce “el papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria en el desarrollo del campo, la promoción de diferentes formas de asociación y cooperativismo… Lo anterior sin perjuicio de la necesaria articulación entre esta y otras formas de producción agrícola y pecuaria como condición para garantizar el desarrollo rural”.

Es decir, que  las zonas de reserva campesinas coexistirán con las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres), pues advierten que esta reforma “se adelantará en un contexto de globalización y de políticas de inserción en ella por parte del Estado que demandan atención especial de la producción agropecuaria nacional y especialmente de la producción campesina, familiar y comunitaria”.

Segundo punto: Participación política

Dos grandes aspectos constituyen este punto, por una parte las garantías para la oposición política y por otra los mecanismos de participación en política.

En el primero, el acuerdo es la elaboración de un proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana. Este proyecto contará “con la participación de los voceros de las organizaciones y movimientos sociales más representativos”, que serán elegidos en un acuerdo entre las FARC y el Gobierno. Es decir, las organizaciones políticas y sociales que han soportado el rigor de la guerra, que deberían tener por derecho propio participación en todos los espacios, estarán supeditados a la buena voluntad de los firmantes de los acuerdos.

En el segundo, que apunta a promover el pluralismo político, los acuerdos dicen que se deben “hacer los cambios necesarios para desligar la obtención y conservación de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos del requisito de la superación de un umbral en las elecciones de Congreso, y en consecuencia redefinir los requisitos para su constitución; y diseñar un sistema de adquisición progresiva de derechos para partidos y movimientos políticos, según su desempeño electoral en los ámbitos municipal, departamental y nacional”.

Este reclamo, que vienen haciendo muchas organizaciones políticas de izquierda que fueron víctimas de la Reforma Política de 2003, que creó el umbral para mantener la personería jurídica y por ende el derecho a participación política, es contemplado en los acuerdos, al igual que una circunscripción especial de paz que le daría un número de curules directas a las FARC.

Tercer punto: Fin del conflicto

Este tercer punto fue uno de los más difíciles de acordar pues se trataba del cese bilateral del fuego, de las condiciones del armisticio de las FARC, de la entrega de las armas y de las zonas en las que se concentrarán los guerrilleros para su desmovilización.

Pero lo que debemos advertir en este punto no son los mecanismos, sino el trasfondo, pues dicen los acuerdos que: “El Gobierno Nacional y el nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, se comprometen a promover un Pacto Político Nacional y desde las regiones, con los partidos y movimientos políticos, los gremios, las fuerzas vivas de la Nación, la sociedad organizada y las comunidades en los territorios, sindicatos, el Consejo Nacional Gremial y los diferentes gremios económicos, los propietarios y directivos de los medios de comunicación, las iglesias, la academia e instituciones educativas, las organizaciones de mujeres y de diversidad sexual, de personas con discapacidad, jóvenes, los pueblos indígenas y afrodescendientes, las organizaciones de víctimas y de defensoras y defensores de derechos humanos y las demás organizaciones sociales”.

Con esto la idea de que las FARC desmovilizadas se convertirán en una fuerza política que desde la institucionalidad promoverá las transformaciones que no pudo promover como grupo armado queda desvirtuada. Lo que queda claro en este acuerdo es que el nuevo movimiento se dedicará a defender su pacto con la burguesía, con las patronales, con el establecimiento.

Cuarto punto: Solución al problema de las drogas ilícitas

Este punto fue de fácil acuerdo en la agenda y lo que se firmó tampoco es nada nuevo: programas de sustitución de cultivos ilícitos, programas de prevención del consumo y solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos a través de la “intensificación de la lucha contra el crimen organizado y sus redes de apoyo”, es decir, seguimos en los mismo: la política de la zanahoria y el garrote, solo que las FARC esta vez harán parte del garrote.

Quinto punto: Víctimas

Poco se habla de las víctimas en las sesenta páginas del quinto punto. Al contrario lo que se establecen son los mecanismos para que la guerrilla pueda resolver sus problemas judiciales con el régimen a través de la implementación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Este es uno de los puntos que más afectará a las víctimas, porque detrás de esta amnistía a las FARC estará la amnistía para los militares, los paramilitares y sus financiadores (terratenientes, ganaderos, empresarios nacionales y extranjeros, y políticos) que se podrán acoger a este sistema y así dejar en la impunidad los crímenes cometidos contra 4.744.476 personas desplazadas, 25.007 desaparecidas y 218.094 asesinadas.

Para las víctimas, se propone dar continuidad a la Ley de Víctimas que prevé reparación individual y colectiva, con los resultados conocidos en la aplicación de esta norma. La reparación individual que además de tener bajos montos,  solo ha indemnizado a 500 mil de las nueves millones de víctimas registradas, cuando van transcurrido cinco de los diez años previstos para tal fin. La reparación colectiva que apunta a restituir los derechos violentados, pero que depende de una precaria justicia transicional en manos de alcaldías y gobernaciones, la mayoría de ellas en manos de los victimarios.

Sexto punto: Implementación, verificación y refrendación

El último punto se centra en el mecanismo de refrendación de estos acuerdos. Un punto crucial para las organizaciones revolucionarias que por más de medio siglo han criticado la táctica guerrillera y que entienden la legítima aspiración de los trabajadores y los pobres de que se acabe una guerra que los ha afectado y que no los ha beneficiado, pero que están en contra de la propaganda del Frente Amplio por la Paz y de la Unidad Nacional que promueven estos acuerdos como los que harán las transformaciones políticas y sociales que se requieren.

Todo parece indicar que el referendo tendrá dos opciones: sí o no. Que el Frente Amplio por la Paz y la Unidad Nacional actuarán juntos por el Sí y que el Centro Democrático de Uribe Vélez votará por el No. Como siempre, nos crearán una falsa encrucijada, como en las pasadas elecciones, entre Santos y Zuluaga. Pero debemos entender que en este mecanismo de refrendación no solo votaremos si queremos o no una guerrilla desmovilizada, haciendo política con su programa reformista, sino que votaremos por estos seis puntos que están lejos de transformar el régimen político en Colombia.

Papa Francisco lamenta que enseñen a niños a "elegir su género" PoderyGloria.net http://poderygloria.net/2016/08/03/papa-francisco-lamenta-que-ense-en-a-ni-os-a-elegir-su-g/

El papa Francisco señaló que en los colegios no pueden enseñar que el género es una opción y aseguró que "estamos viviendo un momento de aniquilación del hombre como imagen de Dios". Francisco conversó de manera privada con obispos la semana pasada durante su paso por Cracovia, y el contenido de la conversación fue publicado este martes. Sin especificar, culpó a los libros de texto suministrados por "personas e instituciones que donan dinero". Francisco también dijo que ello es orquestado por "países muy influyentes" que llevan adelante una "colonización ideológica". En esta ocasión, empero, expresó que ha discutido el asunto de género con Benedicto XVI, quien ha vivido en el Vaticano desde que se retiró del pontificado en 2013. "Hablando con el Papa Benedicto, quien tiene una mente clara, me dijo: 'Esta es la época del pecado contra Dios Creador. Hoy en las escuelas le están enseñando esto a los niños que cualquiera puede elegir su género", manifestó el santo padre. "Dios ha creado al hombre y a la mujer; Dios ha creado el mundo así, así y así... y nosotros estamos haciendo lo contrario", sentenció el máximo responsable de la Iglesia católica. 

Así sera la verificación de la misión de la ONU al fin del conflicto en Colombia

El representante especial del Secretario General y jefe de la Misión de Naciones Unidas en Colombia, Jean Arnault, presentó detalles sobre el trabajo que se adelanta para la Misión Política de verificación de dejación de armas y el cese al fuego bilateral y definitivo que se dará luego de la firma del acuerdo final. 

El jefe de la misión señaló que se espera que en los próximos días la comisión tripartita compuesta por el organismo, el Gobierno y las Farc, inicien un trabajo de campo para determinar con certeza qué tan grande será el mecanismo. 

"Yo creo que en las próximas semanas se dará una visita tripartita de las zonas veredales para poder establecer concretamente cuáles son los requerimientos de tipo logístico, de tipo personal", dijo Arnault, pese a que señaló que es un proceso que podría tener algún tipo de retraso.

 Lo que se estima es que serán cerca de 500 observadores militares y cerca de 150 observadores civiles que provendrán de la Celac y de otras naciones, que dijo, podrían no ser de la región. Y, por zona, se estima que habría 18 observadores. Lea también: ¿Cuántas armas tienen las Farc?, ¿las entregarán todas?: el enigma del proceso de paz

Mientras tanto, en el país ya están 80 observadores internacionales que ya han pasado por una capacitación y se estarán ubicando en las ocho oficinas regionales que se dispusieron para la misión.

"Están trabajando con la Fuerza Pública, con el Gobierno y a través del Gobierno en La Habana con las Farc para justamente prepararse para el despliegue de este mecanismo", indicó.

Ellos provienen de Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, El Salvador, Guatemala, México y Uruguay, y próximamente llegarían 100 observadores más, por lo que con la contratación de personal civil que se está adelantando para la misión serán más 200 personas. 

Arnault enfatizó en que efectivamente habrá observadores militares, dado que "un acuerdo de dejación de armas necesita expertos (...). Este conocimiento podría ser tanto civil como militar. No hay ninguna obligación de que no sea militares". 

Pero aclaró: "Esos expertos en el momento que están puestos a la disposición de esta misión se integran a la cadena de mando de la misma. En otros términos: en el momento de que los observadores se integran a la misión ya no pueden recibir ningún tipo de instrucción de sus autoridades nacionales. Las únicas funciones que pueden cumplir son las funciones que le otorga la misión". 

Asimismo, explicó que las armas del grupo guerrillero se reunirán en contenedores dentro de las zonas de concentración y la entrega de las mismas se dará en principio por una lista de armas que entregará las Farc, más el contraste de información que hará el organismo.

 Por ahora, agregó, hay confianza entre las partes frente al tema de seguridad, pese a los retos que se enfrentarán, y que están adelantando todos los trabajos requeridos para terminar con el informe final sobre el tamaño de la misión, pues la entrega del mismo se debe dar el próximo 19 de agosto. 

Ministra Clara López lanza campaña “Sí a la Paz con todos”

En el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional se llevó a cabo este 28 de julio el acto de lanzamiento de la campaña “Sí a la Paz con todos” por parte de la ministra del Trabajo, Clara López Obregón, quien estuvo acompañada del titular de la cartera de Justicia, Jorge Londoño, así como de representantes y directivos de organizaciones sociales, gremiales, sindicales, culturales, poblacionales, congresistas y voceros de partidos políticos, es decir, una confluencia multicolor.

La ministra López Obregón señaló que la refrendación de los acuerdos de paz de La Habana en el plebiscito a realizarse el próximo mes de septiembre no es solamente un paso estratégico para el devenir histórico de la nación, sino que constituye una extraordinaria oportunidad para generar “un nuevo pacto social que recomponga todas las relaciones sociales en el país”.

Por esa razón, invitó a todas las organizaciones de la sociedad civil y a la dirigencia política comprometida con el proceso de reconciliación nacional a respaldar en forma decidida el Sí en el plebiscito y a realizar una labor de pedagogía.

En efecto, la jefa de la cartera laboral  explicó que esta campaña “Sí a la paz con todos” está enfocada a impulsar la campaña del plebiscito y estimular la pedagogía en todas las regiones del país para que los colombianos respalden en forma masiva y entusiasta los acuerdos de La Habana entre el Gobierno Nacional y el grupo insurgente de las Farc.

Dijo que hay que hacer una amplia convocatoria a la sociedad colombiana para lograr un contundente respaldo al Sí en el plebiscito, porque, “la Paz somos todos”, puntualizó la Ministra del Trabajo.

5 billones para inversión en obras estratégicas en la ponencia positiva de proyecto Cupo de Endeudamiento

Nelson Cubides Salazar Concejal de Bogotá.
Por el Partido Conservador Colombiano,.

Los concejales Nelson Cubides Salazar, Diego Devia y Edward Arias, rendirán hoy ponencia positiva al Proyecto de Acuerdo mediante el cual la Administración Distrital, solicitó un Cupo de Endeudamiento que contempla una inversión de 5 billones 39 mil millones, y cuyo valor recoge el saldo no ejecutado por parte de la Administración anterior valor que asciende a más de 2.4 billones (dos billones cuatrocientos treinta y cinco mil quinientos cincuenta y siete millones de pesos). 

Después de realizar un análisis sobre el monto que se destinará para los proyectos que tiene el Distrito en sectores como Movilidad, Educación, Ambiente, Seguridad, Salud, Cultura y Recreación, los cabildantes decidieron respaldar este proyecto que permitirá a Bogotá invertir en obras que beneficiarán a los ciudadanos. “Realizamos un análisis responsable al proyecto que presentó la Administración Distrital y consideramos que aprobar el cupo de endeudamiento por 5 billones 39 mil millones, contribuirá a solucionar varias problemáticas que tienen los ciudadanos en movilidad, seguridad y salud. Además, mejorará la calidad educativa y ofrecerá beneficios en cultura y recreación para los bogotanos. Aprobar este cupo es necesario para financiar el Plan de Desarrollo aprobado por el cabildo”, dijo el concejal conservador Nelson Cubides.

Para el cabildante, es significativo el monto que se invertirá para solucionar una de las problemáticas que más afecta a los capitalinos. De acuerdo con el Proyecto que presentó la Administración, el 58% de los recursos corresponden a proyectos enfocados en el Sistema Transmilenio y Metro. Se destinarán 2.1 billones para construir y mejorar la infraestructura de Transmilenio (1.1 billones serán para la nueva troncal de la carrera séptima). Los otros recursos se distribuyen así: compra de patios troncales 289.202 millones de pesos, ampliación de patios troncales 184.591 millones, construcción de nuevos cupos de biciparqueaderos 9.489 millones y la ampliación y adecuación de estaciones existentes 199.634 millones.

Además, el cupo de endeudamiento contempla 800 mil millones para la cofinanciación de la primera línea del Metro. Por otro lado, se invertirá 1 billón en obras de infraestructura vial en las localidades de Suba, Engativá, Kennedy, Bosa, Mártires y Usaquén.

 Diego Devia. Concejal de Bogotá.
Por el Centro Democratico

El concejal Nelson Cubides, resaltó la importancia de que el segundo porcentaje más alto en la inversión del Cupo de Endeudamiento, sea para el sector de educación. “Se destinarán 347 mil millones de pesos que servirán para construir los 25 nuevos mega colegios que se establecieron en el Plan de Desarrollo Distrital. Actualmente según el Ministerio de Educación, Bogotá cuenta con un déficit de 9000 mil aulas, esto plantea grandes retos para la actual Administración y una inversión significativa de recursos para lograrlo”.

En Seguridad serán 187 mil millones de pesos, que según lo proyectado se usarán para la compra 4 mil cámaras de vigilancia, la construcción de la Estación de Policía de Usaquén, así como un Centro de Atención Especial para Adolescentes y una Casa de Justicia. “Mejorar la seguridad es el anhelo de todos los bogotanos, este cupo de endeudamiento le apuesta a que los ciudadanos puedan transitar más tranquilos por las calles de la capital; la tecnología ayudará a desarticular bandas dedicadas al hurto y otros delitos”, afirmó el concejal conservador.

Otro de los problemas críticos que sufre nuestra ciudad es todo lo relacionado con el sistema de salud, para contribuir a mejorar lo anterior la Administración le apuesta a invertir 179 mil millones para la reorganización del sector, realizar obras de infraestructura y dotación de la red de atención salud.

Para ejecutar los planes del sector Ambiente, la Administración destinará 230 mil millones que serán para construir el circuito ambiental de Bogotá, incluyendo el sendero panorámico rompe-fuegos de los cerros orientales y Chingaza – Tunjuelo.

Por último, para Cultura, Recreación y Deporte, el Distrito contará con 74 mil millones  para la construcción de 75 canchas sintéticas con alumbrado y dos  nuevos parques zonales (La Esperanza y Las Margaritas). “Invertir en escenarios deportivos y recreativos, es una apuesta estratégica no solo para embellecer la ciudad, sino la mejor forma de alejar a nuestros jóvenes de problemas como la drogadicción y la delincuencia, ahora es importante desarrollar acciones conjuntas para que el uso de estos espacios sea el adecuado”, dijo el cabildante Nelson Cubides.   

Edward Arias Concejal.
Por la Alianza Verde.

El proyecto Cupo de Endeudamiento es de gran importancia porque respalda el Plan de Desarrollo Distrital, es un instrumento de gestión y planificación financiera que permite la realización y ampliación de infraestructura, mejoramiento de servicios sociales, mayor movilidad y educación, entre otros. Al autorizar este cupo se podrán realizar obras de inmenso beneficio para avanzar en el desarrollo de la ciudad, en el progreso y bienestar de los bogotanos. “Tomamos la decisión de rendir ponencia positiva a este proyecto, porque confiamos en que los recursos destinados se invertirán en favor de la ciudad. Estaremos haciendo seguimiento y control a que los proyectos se efectúen como quedó establecido. Pensar que Bogotá tendrá 25 nuevos colegios, dos hospitales, una nueva Estación de Policía, 4 mil nuevas cámaras de vigilancia, 75 canchas sintéticas y dos parques zonales; son motivo suficiente para creer y respaldar este cupo de endeudamiento”, concluyó el cabildante Nelson Cubides Salazar.

¿Paz en Colombia?

Por Javier Giraldo M. S.J.

Si bien hay una euforia de paz que se traduce en eslóganes o en frases de cliché que se repiten por todas partes, cuando se profundiza un poco en lo que hay detrás de esos eslóganes o en los aspectos que esas frases superficiales eluden, aparecen muchas preocupaciones.

Colombia ha vivido en los últimos 4 años una búsqueda de acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, luego de 60 años de conflicto armado que ha dejado muchos millones de víctimas y ha llevado a la degradación progresiva de la guerra en muchos aspectos. Este proceso ha ido revelando progresivamente los laberintos, a veces sin salida, en que es necesario internarse para buscar acuerdos de paz. El país ha vivido ya 33 años de procesos de paz fracasados durante el último ciclo de violencia, sin contar las negociaciones, acuerdos y eliminaciones de ex combatientes de ciclos anteriores que se identifican con las mismas causas. Una larga tradición demuestra que los acuerdos no se cumplen y que los combatientes rebeldes son eliminados tras el desarme, pero no sólo ellos sino las fuerzas sociales y políticas que les son cercanas.

Hace pocos días se firmó en La Habana un documento que define el penúltimo de los 6 puntos de la agenda acordada al comienzo de los diálogos, incluyendo ya el compromiso de un cese de fuego bilateral y supuestamente definitivo. Sin embargo el país se encuentra profundamente polarizado por el crecimiento y poder creciente de posiciones políticas de extrema derecha. Parece que reviven las posiciones de la Guerra Fría, potenciadas por el monstruoso poderío económico de un empresariado multinacional que defiende rabiosamente sus intereses excluyentes con medios muy poderosos.

Si bien hay una euforia de paz que se traduce en eslóganes o en frases de cliché que se repiten por todas partes, cuando se profundiza un poco en lo que hay detrás de esos eslóganes o en los aspectos que esas frases superficiales eluden, aparecen muchas preocupaciones. Algunos analistas más críticos llaman la atención sobre ciertas contradicciones como las siguientes:

1) Se percibe un doble lenguaje: en uno de ellos se afirma que el proceso no se ha enfocado como una rendición de rebeldes delincuentes sino como un reconocimiento de una guerra que tenía raíces sociales y en la cual los dos polos cometieron crímenes; el otro lenguaje, usado por el gobierno fuera de la mesa de diálogos, tiene todo el enfoque de la rendición, la derrota y el sometimiento a una legalidad y una estructura de poder supuestamente democrática. El gobierno y la clase dominante repiten que el proceso es fruto de un triunfo militar del Estado que ha doblegado a la guerrilla y la ha obligado a sentarse a la mesa de negociación.

2) Aunque en los formalismos de la mesa de negociaciones se aceptó discutir las raíces del conflicto, sobre todo en los temas de tierra y democracia, predominó la negativa rotunda del gobierno a tocar en lo más mínimo el modelo económico y el modelo político, quedando todas las propuestas relativas a esas raíces del conflicto como “salvedades” o “constancias” de lo que fue imposible discutir. El gobierno repite que no negocia el modelo vigente y que sólo invita a la guerrilla a que, una vez dejadas las armas, se presente a los debates electorales para solicitarle a la sociedad que apoye sus propuestas de reformas. Esto sería normal si hubiera democracia, pero el gobierno sabe que mientras no reforme el sistema electoral, uno de los más corruptos del mundo, y el sistema de propiedad de los medios masivos de información, ni la guerrilla ni ningún movimiento de oposición podrá conquistar triunfos democráticos.

3) Muchas polémicas interminables llevaron finalmente a los rebeldes a aceptar la simetría de trato a los combatientes de ambos lados, desconociendo la gravedad enormemente mayor de los crímenes de Estado y las características del delito político y del derecho a la rebelión. También tuvieron que aceptar la inmunidad de los ex presidentes frente a la justicia y la ruptura de las responsabilidades de mando, ambos principios consagrados en el Estatuto de Roma cuyo desconocimiento refuerza y amplía la impunidad rutinaria.

4) El desarrollo de los diálogos ha producido perplejidad en las capas más conscientes de la sociedad, al comprobar que el Estado ha recurrido simplemente a la negación de los obstáculos más grandes para la paz, considerándolos como inexistentes o realidades del pasado ya superadas: el paramilitarismo, la doctrina militar del enemigo interno y de la seguridad nacional y la criminalización de la protesta social. Nadie puede entender tampoco que las negociaciones no hayan llevado a un acuerdo sobre la reducción de la fuerza armada del Estado sino más bien a anunciar que esa fuerza se va a aumentar y a reforzar. Todo el mundo se pregunta: ¿si es verdad que se acaba la guerra, por qué el monstruoso gasto militar no se va a acabar sino a aumentar?

5) El recurso a la justicia transicional, que ha sido el punto de llegada en el tema de las víctimas del conflicto, uno de los aspectos más polémicos y que más tiempo han consumido en las negociaciones, no deja tranquilos a numerosos analistas de ambos lados. Se pactó una Jurisdicción Especial para la Paz, diseñada por un grupo de juristas de alto nivel, dentro de los criterios básicos de la justicia transicional. Supuestamente el derecho nacional no operará allí sino sólo los tratados internacionales; habrá magistrados también extranjeros; los que confiesen crímenes internacionales, sean guerrilleros, militares, empresarios u otros, tendrán penas alternativas y no de prisión, y los que no confiesen serán condenados a prisión. La fórmula ha sido elogiada por muchos aunque se critica la violación flagrante de algunos artículos del Estatuto de Roma para favorecer a los gobernantes. Sin embargo dicha fórmula alberga dos principios que pueden dar al traste con las escasas expectativas de justicia: los principios de priorización y de enfoque hacia los máximos responsables. Ya hay aplicaciones en curso de esos principios por parte de la justicia colombiana, frente a modalidades concretas de genocidio, que anuncian la utilización corrupta de esos dos principios, como mecanismos privilegiados de impunidad. Esto hace mirar el acuerdo de justicia con reservas.

6) En general, las motivaciones de disuasión que han sido utilizadas para promover los acuerdos de paz, descansan en gran parte en la imposibilidad práctica de lograr cambios sociales por medio de la lucha armada, dado el poder monstruoso y apabullante de las armas estatales respaldadas por el poderío imperial de mayor alcance destructivo en la historia reciente de la humanidad: los Estados Unidos. Brilla por su ausencia, sin embargo, toda consideración ética de los clamores y sufrimientos que llevaron a levantarse en armas a los combatientes contra el Estado. El discurso político predominante es pragmático y egoísta y muestra indiferencia arrogante por posibilidades reales de justicia. Los discursos del Presidente Santos en el exterior han insistido, ante todo, en una paz que beneficiará a los empresarios e inversionistas transnacionales, quienes podrán intensificar su extracción de recursos naturales, pero entre tanto su gobierno reprime con una violencia cruel las protestas sociales de las comunidades afectadas por la destrucción ecológica y social que han causado y siguen causando esas empresas multinacionales.

Desde la extrema derecha se condena el proceso porque favorece la impunidad de los rebeldes, seguramente responsables de no pocos crímenes de guerra, pero desde el movimiento popular se teme más a la impunidad de los poderosos y de los agentes del Estado y del paramilitarismo, cuyos crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidios superan enormemente en cantidad y en crueldad los crímenes de la insurgencia y su impunidad se traduce en la continuidad de un poder represivo que seguirá afectando a los sectores más desprotegidos de la sociedad y bloqueará con violencia las reformas sociales que se reclaman con urgencia.

A pesar de los esfuerzos formales por construir un Estado de Derecho, sobre todo desde la Constitución de 1991, el poder real lo sigue ejerciendo una minoría poderosa articulada a intereses transnacionales, llegando a configurar un Estado esquisofrénico en el cual lo formal se apoya en lo legal y lo real se apoya en las mil redes clandestinas de violencia paraestatal cuya relación con el Estado es negada rotundamente por los funcionarios del régimen y los medios masivos de información.

La primera experiencia reciente de justicia transicional la realizó un gobierno de extrema derecha –el del Presidente Álvaro Uribe- en 2005, mediante la ley 975 llamada paradójicamente “Ley de Justicia y Paz”. Hubo entonces una negociación con los paramilitares, quienes a todas luces apoyaron su candidatura a la presidencia. Luego de negociaciones con los líderes paramilitares más connotados, obtuvo su sometimiento a una justicia indulgente en que la pena máxima fluctuaba entre 5 y 8 años aunque los crímenes atroces en cada caso sumaran muchos millares. Supuestamente se desmovilizaron 32.000 paramilitares autores de 42.000 crímenes atroces pero sólo fueron condenados a las penas mínimas 22 de ellos y casi todos están en libertad desde 2015. A esa estrategia de negociación con grupos que no podían identificarse como delincuentes políticos puesto que eran agentes clandestinos del mismo Estado, el ex Presidente Uribe añadió otras estrategias para que el paramilitarismo continuara activo: la configuración de un paramilitarismo legalizado, vinculando a varios millones de personas a tareas de guerra mediante redes de informantes y cooperantes y remodelando los estatutos de las compañías privadas de seguridad para vincularlas a tareas bélicas como auxiliares de la fuerza armada oficial. El paramilitarismo ilegal, en grandes franjas, retornó muy pronto a sus acciones criminales con sus mismos objetivos, a saber: persecución a todo movimiento social o de protesta mediante escritos de clara inspiración contrainsurgente, anticomunista y fascista; respaldo incondicional al gobierno y a sus fuerzas armadas; apoyo a las empresas transnacionales cuya destrucción ecológica denominan “progreso”, y sustento financiero en las redes más poderosas del narcotráfico. El gobierno ha acuñado para ellos nuevas siglas que los inscriben en la delincuencia común ajena a toda relación con el Estado. Hoy se articulan y coordinan con calculada astucia las franjas legales y las ilegales del paramilitarismo, cobijadas por un lenguaje que las cubre con la negación rotunda de su existencia.

Desde el comienzo de las negociaciones actuales, las FARC habían afirmado que jamás se someterían a la justicia colombiana, dada su extrema corrupción, su responsabilidad en la impunidad monstruosa de los crímenes más atroces del Estado y del paramilitarismo y su desvergonzada parcialidad y dependencia del régimen, conceptos que comparten grandes franjas de población que consideran la justicia como éticamente colapsada. Muchas fórmulas se propusieron para buscar imparcialidad, incluyendo la creación de una corte penal regional apoyada por regímenes progresistas de América Latina. Y mientras la insurgencia buscaba estructuras judiciales más independientes, los agentes del Estado eran atormentados por la evaluación de lo ocurrido en otros países que emitieron leyes audaces de impunidad para militares y funcionarios, leyes que fueron posteriormente invalidadas por tribunales internacionales. El ex Presidente César Gaviria lanzó una carta pública pidiendo que se blindaran de manera definitiva las medidas de impunidad, para protegerlas de un eventual desconocimiento posterior por tribunales internacionales o por las mismas cortes nacionales, por ello el Acuerdo incluye también unos mecanismos de blindaje hacia el futuro, no sea que tribunales internacionales o nacionales puedan desconocer lo acordado. Esos blindajes no dejan de ser frágiles y en su análisis se descubre con mayor contundencia la dependencia del derecho respecto a la política y a los vaivenes de los poderes de turno.

En el momento en que escribo aún no se ha firmado el Acuerdo definitivo, pero ya se piensa que el proceso es irreversible y que en pocas semanas se convocará a la ceremonia solemne de la firma. Se ha concertado ya un calendario de entrega de las armas a las Naciones Unidas y de concentración provisional de los guerrilleros en 23 zonas rurales mientras comienzan a implementarse los diversos puntos de los acuerdos. Como lo reconoce el cerebro de las negociaciones de parte del gobierno, lo que se firmará no es propiamente la paz sino un cese de fuego. La paz habrá que comenzar a construirla, principalmente en las zonas en que la guerra ha sido más intensa. La polarización es muy grande en este momento y muchos opinamos que, mientras no se solucionen las raíces más profundas del conflicto, como son la extrema desigualdad, la concentración de la propiedad de la tierra, la falta de democracia y la criminalidad estatal tendiente a reprimir toda protesta social y a destruir todo movimiento de base que busca modelos alternativos y justos de sociedad, el conflicto se puede reactivar sin que sean previsibles sus consecuencias.

Es necesario anotar, que el Acuerdo no se va a firmar, por el momento sino con la guerrilla de las FARC. La otra guerrilla que tiene importancia numérica e histórica: el Ejército de Liberación Nacional, no ha logrado aún llegar a acuerdos mínimos de agenda para iniciar el diálogo con el gobierno, aunque ha dado pasos significativos.