Por. Editson Romero Angulo
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Resumen
Introducción
Este artículo analiza las recientes medidas adoptadas por la Secretaría de Educación de Bogotá para controlar la asistencia de los docentes y las sanciones económicas impuestas por su participación en manifestaciones. Se examina cómo esta estrategia representa un intento de disciplinamiento del magisterio y un debilitamiento de la conciencia social dentro del sector educativo.
El Contexto de la Represión a la Protesta Docente
Desde la perspectiva del Distrito, estas ausencias generan un impacto negativo en las familias más vulnerables y en las finanzas del Estado. Sin embargo, esta narrativa ignora la dimensión política de la protesta y el derecho constitucional de los docentes a manifestarse. Además, la imposición de un sistema de vigilancia y control de la asistencia docente refuerza un modelo de educación despolitizada, en la que el maestro debe limitarse a su función instructiva sin cuestionar las condiciones sociopolíticas que afectan su labor.
Educación y Control Social: Una Estrategia Neoliberal
El castigo a los docentes que participan en protestas responde a una lógica neoliberal en la que la educación es vista como un servicio y no como un derecho. Desde esta perspectiva, cualquier interrupción en la jornada académica se trata como una falta administrativa y no como una acción legítima de reivindicación social.
Esta estrategia busca desmovilizar a los educadores y desincentivar la formación de conciencia social dentro de las aulas.
Al castigar la protesta, el gobierno de Galán busca debilitar la capacidad del magisterio para cuestionar las políticas públicas que afectan a la educación y la sociedad en general.
Además, la retórica utilizada por el Distrito —"los adultos en sus asuntos y los estudiantes en sus colegios"— evidencia un intento de separar la educación de los procesos políticos y sociales. Sin embargo, la educación no es un acto neutral; los docentes no solo transmiten conocimiento, sino que también forman ciudadanos críticos capaces de interpretar y transformar su realidad.
Consecuencias de la Política de Represión Docente
Las medidas adoptadas por la administración distrital generan múltiples consecuencias negativas:
- Desincentivan la participación política del magisterio, promoviendo una educación pasiva y acrítica.
- Refuerzan el miedo y la autocensura dentro del sector educativo, limitando la capacidad de los docentes para abordar temas de justicia social en el aula.
- Ignoran los problemas estructurales de la educación pública, como la falta de recursos, la precarización laboral y la sobrecarga administrativa de los docentes.
- Profundizan la desigualdad educativa, ya que los estudiantes de colegios privados cuentan con mayores garantías y derechos, mientras que la educación pública es sometida a medidas de vigilancia y control.
Conclusión
El alcalde Carlos Fernando Galán ha optado por una estrategia de control sobre los docentes en lugar de enfrentar los problemas de seguridad y desigualdad en Bogotá. La implementación de un sistema de vigilancia y las sanciones económicas contra los maestros que se manifiestan representan un ataque directo a la educación crítica y a la organización social del magisterio.
Más allá de un simple problema administrativo, estas medidas reflejan una política de disciplinamiento que busca eliminar cualquier forma de disidencia dentro de la educación pública. En este contexto, la lucha por el derecho a la protesta y la defensa de una educación con conciencia social se convierte en un imperativo para el magisterio y la sociedad en su conjunto.
Glosario
- Conciencia social: Capacidad de comprender y cuestionar las estructuras sociales y económicas que influyen en la vida de las personas.
- Magisterio: Conjunto de docentes y educadores que ejercen la enseñanza.
- Neoliberalismo: Modelo económico que promueve la privatización de los servicios públicos y la reducción del papel del Estado en la economía.
- Represión: Uso de medidas coercitivas para limitar la protesta y la movilización social.
- Vigilancia y control: Estrategias implementadas por el Estado para monitorear y regular la conducta de ciudadanos y trabajadores.
- Derecho a la protesta: Garantía constitucional que permite a los ciudadanos expresar su desacuerdo con las políticas gubernamentales.
- Educación crítica: Modelo pedagógico que fomenta el análisis reflexivo y la participación activa en la transformación social.
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