“Finanzas Solidarias: ACUPE exige suspensión de cobros del ICETEX y condonación de créditos tras el terremoto en Colombia ”
ACUPE pide al Gobierno suspender cobros del ICETEX y condonar créditos a damnificados por el terremoto
La Asociación Colombiana de Usuarios de Préstamos Educativos solicita
seis meses de suspensión de pagos, congelación de intereses y un programa
extraordinario de condonación para las familias afectadas por el sismo del 10
de agosto de 2026.
Mientras miles de familias intentan reconstruir sus viviendas, recuperar sus ingresos y superar las consecuencias del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, una organización de usuarios de créditos educativos elevó ante el Gobierno nacional una petición para que la emergencia también tenga una respuesta en materia de obligaciones con el ICETEX.
El planteamiento central es que las personas damnificadas no tengan que afrontar, simultáneamente, la reconstrucción de sus vidas y el crecimiento de sus obligaciones financieras. ACUPE solicita suspender durante un período inicial mínimo de seis meses el cobro de los créditos educativos, con posibilidad de prórroga si persiste la afectación económica y social.
No solo suspender cuotas: congelar la deuda
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| Fernando Callao Vocero de ACUPE |
Uno de los puntos de mayor relevancia de la petición es la solicitud de congelación total de intereses y del saldo. La organización sostiene que una simple suspensión temporal de las cuotas no constituiría un alivio real si durante ese período continúan generándose intereses que posteriormente sean trasladados al deudor.
Por ello, pide que durante la emergencia no se causen intereses corrientes, remuneratorios, moratorios o capitalizados, ni gastos de cobranza, honorarios, comisiones u otros conceptos derivados del incumplimiento. La propuesta establece que el saldo sea congelado desde el 10 de agosto de 2026.
La petición incluye además una prohibición de capitalizar las cuotas e intereses suspendidos, de manera que el alivio no termine convirtiéndose en un incremento posterior de la deuda.
Protección del historial crediticio
ACUPE también solicita proteger el historial financiero de los beneficiarios, deudores solidarios y codeudores afectados.
La organización plantea que, mientras esté vigente la medida, no se realicen reportes negativos, calificaciones desfavorables, aceleraciones del plazo ni cobros anticipados que deterioren la situación financiera de quienes hayan sido afectados directamente por la emergencia. También pide corregir o retirar aquellos reportes ocasionados exclusivamente por la situación derivada del desastre.
Una propuesta de condonación total o parcial
La solicitud va más allá del aplazamiento de las obligaciones. ACUPE propone crear un programa extraordinario de condonación total o parcial para estudiantes, egresados, deudores solidarios y familias damnificadas.
El documento plantea dar prioridad a los casos en los que se haya producido el fallecimiento o desaparición del beneficiario o del principal proveedor económico del hogar, discapacidad, pérdida total de vivienda, destrucción de la fuente de ingresos, desempleo causado por el desastre, desplazamiento, pobreza extrema o imposibilidad comprobada de continuar pagando.
La organización también solicita que la pérdida de documentos ocasionada por la emergencia no sea utilizada como razón para negar el eventual beneficio.
Chocó, Valle, Eje Cafetero y otros territorios
El requerimiento menciona entre las zonas afectadas a Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Quindío y Risaralda, además de Antioquia y otros territorios. ACUPE propone que las medidas tengan cobertura amplia y que puedan extenderse a otros municipios y departamentos cuando las autoridades certifiquen daños.
La propuesta incorpora además un enfoque diferencial para víctimas directas, personas con discapacidad, mujeres cabeza de familia, comunidades indígenas y afrocolombianas, población rural y personas en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.
El crédito no debería convertirse en una barrera para continuar estudiando
El planteamiento coloca nuevamente en el debate nacional una pregunta de fondo: ¿qué debe ocurrir con las obligaciones educativas cuando una familia pierde temporalmente —o de manera definitiva— su capacidad económica como consecuencia de una calamidad?
Para ACUPE, la respuesta debe partir de la solidaridad y de la protección de quienes resultaron damnificados.
Una mesa nacional para definir soluciones
El oficio también propone instalar una mesa nacional con participación de la Presidencia, Vicepresidencia, Ministerio de Educación, ICETEX, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entidades territoriales, estudiantes, damnificados y organizaciones de usuarios. El objetivo sería definir criterios, recursos, plazos y mecanismos de seguimiento.
La organización pide además que las autoridades anuncien, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción del requerimiento, las medidas provisionales adoptadas o proyectadas, los recursos disponibles, el cronograma previsto y los responsables de ejecutarlas.
La petición queda ahora en manos de las autoridades
La organización advierte que, si no se adoptan medidas que considere reales y oportunas, pondrá la situación en conocimiento de los organismos de control y evaluará las acciones constitucionales, administrativas y judiciales que correspondan.
El debate, por tanto, apenas comienza. Para las familias damnificadas, la reconstrucción no termina cuando se levantan las paredes de una vivienda: también implica recuperar el empleo, los ingresos y la posibilidad de que sus hijos continúen estudiando. En ese escenario, la petición de ACUPE plantea que la solidaridad frente a una emergencia nacional también debería reflejarse en las obligaciones que pesan sobre quienes perdieron su capacidad económica.
EL HUMANITARIO — Periodismo Libre e Independiente
Por las tierras del cóndor
ISSN 1900-7183
