Avanzó en el Senado Jurisdicción Especial para la Paz

En audiencia pública realizada  en la Comisión Primera del Senado, los ponentes del proyecto de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escucharon a miembros del Estado, a catedráticos, expertos en temas de paz y demás ciudadanos inscritos previamente interesados en defender o hacer observaciones a esta iniciativa.

El acto contó con la presencia y participación de altos funcionarios como el Procurador y Fiscal General de la Nación.

El jefe del Ministerio Público invitó a los senadores a que se ratifique el papel de la Procuraduría en el proceso de Paz porque ha sido garantía de transparencia, “no se puede desconocer el papel de la Procuraduría para el buen desenvolvimiento de la justicia especial de paz”, aseguró el Procurador Fernando Carrillo.

A su turno, el Fiscal General Néstor Humberto Martínez expresó su preocupación al no tener claridad sobre cómo se garantizará el compromiso de no repetición por parte de los amnistiados y dijo que "los delitos vinculados al proceso de dejación de armas siguen siendo competencia de la JEP, nos evita contradicción entre jurisdicción ordinaria y jurisdicción especial… lo único que pedimos es que se aplique el derecho constitucional al debido proceso, eso no es un pecado".

Así mismo, participaron la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura Martha Lucía Olano y el Presidente del Consejo de Estado. Olano aclaró que la jurisdicción especial para la paz no hará parte de la estructura de la rama judicial, por lo que no afectará su presupuesto.

Por su parte, Jorge Octavio Ramírez, presidente del Consejo de Estado, dijo que “la Jurisdicción Especial de Paz no puede sustituir la jurisdicción contencioso administrativa, partiendo de la premisa que la justicia transicional es el juzgamiento de las personas y no del Estado"

En la conferencia también se escucharon las intervenciones de personalidades como el catedrático Rodrigo Uprimny, quien pidió que en el texto se aclare la responsabilidad de los mandos civiles. A su turno, el Brigadier General Jaime Ruiz Barrera señaló que los textos planteados son lesivos para los miembros de la fuerza pública y Odorico Guerra, coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas, pidió más explicación ya que  no es claro cuál entidad sería la responsable de la implementación de la política pública de reparación a víctimas.

Las observaciones expuestas durante la jornada serán analizadas por los miembros de la Comisión Primera, quienes se comprometieron a revisar los textos antes de su aprobación final.

Por favor, en honor de alguien que murió, o está luchando contra el cáncer, o incluso tenía cáncer, pero sanó; copiar y pegar.

Escrito de Liz Bonilla

En propia carne tuve la suerte de vivir la peor pero a la vez la mejor experiencia de mi vida. Ahora puedo decirlo en voz alta y bien segura de lo que digo...tuve en mis manos la preciosa oportunidad de cambiar aspectos de mi vida que enfermaban mis celulas y asi poderlo curar gracias a darle la vuelta a mi vida.

En apoyo a una persona muy querida para mí, que luchó hasta el final con firmeza, buena energía y nos enseñó a vivir cada día como el mejor día!!! Ahora estoy mirando a los que tendrán el tiempo para leer este post hasta el final. Este es un pequeño test, sólo para ver quién lee y quién comparte sin leer! Si usted ha leído todo, selecciona "me gusta" para que yo pueda poner un gracias en tu perfil! El cáncer es muy invasivo y destructivo para nuestro cuerpo, aún después de haber terminado el tratamiento, tu cuerpo sigue luchando con sí mismo tratando de reconstruir todo el daño causado por la radiación. Es un proceso muy largo.

Por favor, en honor de alguien que murió, o está luchando contra el cáncer, o incluso tenía cáncer, pero sanó; copiar y pegar.

Todos dicen: "si necesitas algo, no dudes, yo estaré ahí para ti"... así que voy a hacer una apuesta. Creo que menos de la mitad de mis amigos pondrán esto en su muro. Sólo tienes que copiar (no compartir)!!!

Yo quiero saber con quién puedo contar... :-) escribir "hecho" en comentarios cuando lo hagas.

Para todos aquellos que lucharon,luchan y lucharán,junto a sus familias

Fernando Vallejo habla sin tapujos maestrovallejo maestrovallejo

https://www.youtube.com/watch?v=Hxned57_1yE

La Ola de Asesinatos y La Paz en Colombia

Gearóid Ó Loingsigh

Los grupos de derechos humanos y organizaciones sociales han expresado su consternación y preocupación por la reciente ola de asesinatos de dirigentes sociales en el país justo cuando parece ser que nos encontramos al final del proceso de paz con las FARC y a punto de comenzar con la implementación de los acuerdos. Aunque los asesinatos son chocantes no es un fenómeno nuevo. Cuando las FARC comenzaron su proceso, la Marcha Patriótica sufrió una racha de asesinatos antes y después del comienzo de los diálogos con las FARC. El senador Iván Cepeda del Polo Democrático ha afirmado en declaraciones a la prensa “que desde 2012 han asesinado a 123 integrantes de ese movimiento político (énfasis es del original) y en lo corrido de este año a 16”1 y además hay que contabilizar los asesinatos de militantes de otros movimientos como el Congreso de los Pueblos y los sindicatos, organizaciones estudiantiles, opositores a la minería. En fin, el terrorismo de Estado no ha dado tregua durante todo este proceso. En el departamento de Cauca hubo otra racha de asesinatos este año. En ese momento la prensa intentó presentar al ELN como los responsables de esos asesinatos, aún cuando ocurrieron en zonas donde ellos tienen su base social y no hay motivo aparente para el ELN. Es que no se puede endilgar al paramilitarismo. El discurso oficial es que estamos en paz y el futuro se ve resplandeciente y si hay actos de violencia deben ser acciones de la otra guerrilla con quien no se ha podido avanzar. En un acto de sectarismo político y servilismo a la causa del Estado, Carlos Lozano, el director del periódico del Partido Comunista, Voz, también acusó al ELN. Emitió una carta pública reclamándoles a los elenos por supuestos asesinatos de comunistas en el departamento de Arauca. El ELN lo negó. No hay espacio para entrar en detalles de las sindicaciones de Lozano, pero guardan más relación con la realidad las novelas de Harry Potter que los exabruptos del dirigente. Lozano goza de cierta credibilidad entre la izquierda y hasta la prensa burguesa, y pudo usar su posición para denunciar al paramilitarismo, pero prefirió ganar puntos contra el ELN, haciendo un flaco favor a sus amigos de las FARC. Valga la pena recordar al lector que Lozano no pasará a la historia no como opositor del Estado sino como el “comunista” quién declaró a favor 1 Denuncian proceso de genocidio contra Marcha Patriótica www.caracol.com.co 21/11/2016 de César Pérez, el paramilitar y autor intelectual de la masacre de 43 personas en Segovia, en el juicio adelantado en su contra donde Pérez fue condenado a 25 años.2 Así, no obstante las declaraciones del amiguito de Pérez, hay que buscar a los responsables reales de esos asesinatos. La más reciente ola segó la vida al dirigente de la Marcha Patriótica, Erley Monroy en el departamento de Caquetá donde el ELN no tiene presencia. La prensa en vez de señalar a los paramilitares, ya que no hay elenos en la zona, habla de un misterio y que la policía está investigando. Valga recordar que cuando la guerrilla ataca al Ejército, en poco tiempo nos nombran hasta la unidad del frente que llevó a cabo la acción. No quieren reconocer que el paramilitarismo nunca desapareció. No podemos esperar más de la prensa colombiana. Mientras tanto varios políticos de la izquierda no han dudado de la autoría de los paramilitares. El problema no es que señalen a los paras, sino, no nos hablan del porque. Para muchos , los asesinatos son un intento de entorpecer el proceso con las FARC en su última fase. Según esas versiones el paramilitarismo es el enemigo del proceso, lo cual puede ser cierto, y eso explica la violencia. Si fuera así, el argumento principal sería que hay que avanzar rápido con el proceso y que el ELN tiene que sumarse a lo ya acordado con las FARC en aras de poner fin a la violencia cuanto antes. Lastimosamente esa violencia no se puede explicar en esos términos y no llegará a su fin con la implementación del Acuerdo Final con las FARC ni con el proceso con el ELN. Guatemala Guatemala nos muestra claramente lo que podemos esperar del proceso de paz, en términos de la reducción o eliminación de la violencia contra los movimientos sociales. Este año Guatemala celebra 20 años de la firma de la paz con la guerrilla de la URNG. Igual que en Colombia, prometieron una tierra de leche y miel, el fin de la violencia y prosperidad. Existe una tendencia de ver la violencia en ese país y en El Salvador como parte de un proceso de descomposición social, y sin duda, la criminalidad, la pobreza y las drogas juegan su papel. Pero aquí queremos enfocarnos en la violencia política, el terrorismo de Estado (frase que ya no está de moda ni allá ni acá). Según la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala (UDEFEGUA), entre 2000 y octubre 2016 hubo un total de 4.958 agresiones contra activistas en el país. De esos, 205 corresponden al año en curso, y el peor año fue 2014 cuando hubo 813 agresiones, entre ellas intimidaciones, acciones judiciales, allanamientos, intentos de asesinato y por supuesto asesinatos.3 Según la misma fuente, los ambientalistas son uno de blancos principales. Eso no es mera coincidencia, Guatemala es uno de los países más abiertos a la inversión extranjera, y 2 El audio del testimonio de Lozano se encuentran disponible en https://www.youtube.com/watch?v=SABoNFMzg1E 3 Véase http://udefegua.org por eso ha experimentado un aumento dramático en la construcción de hidroeléctricas y también en minería. La actual legislación minera en Guatemala es el resultado del proceso de paz y se aprobó en el primer gobierno del llamado posconflicto (Álvaro Arzú 1996-2000) y redujo las regalías de 6% a 1%.4 El resultante flujo de empresas mineras hacia el país aumentó los conflictos sociales, y los conflictos por el uso de la tierra y como consecuencia aumentaron los asesinatos de ambientalistas y dirigentes comunitarios en las zonas sujetas a la depredación minera.5 Un ejemplo de eso es la hidroeléctrica de Santa Rita, financiado por el Banco Mundial y la Unión Europea, ¡sí ellos, la misma UE que dice que quiere la paz en Colombia! Este proyecto no contó con el permiso ni fue consultado con la comunidad indígena y han matado a seis indígenas en un intento de intimidar a la comunidad. Dos de los muertos son niños, ambos sobrinos de un dirigente de la zona quien se reunía con el Relator de la CIDH en el momento de los asesinatos a manos de un empleado de la empresa.6 Cuando preguntamos por las olas de asesinatos que se han presentado en Colombia desde los comienzos del proceso con las FARC, debemos mirar lo que pasa en esas regiones, cuales son los intereses en juego. Antes la Izquierda y las ONG de derechos humanos hacían eso, casi de forma automática, aplicando el viejo refrán de seguir el dinero. Ya no, matan a un dirigente y todos preguntan ¿por qué? Y a esa pregunta solo podemos responder con otra ¿No es obvio? Es por las mismas razones de ayer y el año pasado y por las mismas razones porque pronto matarán a otros. Los asesinatos no entran en contradicción con el proceso de paz, sino son una parte integral de ese proceso y el posconflicto. El capitalismo ganó y siente la necesidad de seguir eliminando a opositores, tal como lo siguen haciendo en Guatemala 20 años después de terminar el proceso con la URNG. En este mismo mes de noviembre cuando las organizaciones sociales colombianas protestan los asesinatos recientes, en Guatemala protestan los asesinatos del sindicalista Eliseso Villatoro y el periodista Hamilton Hernández y su esposa.7 Y el 12 de noviembre el asistente de la Dirección General del Centro de Acción LegalAmbiental y Social de Guatemala (CALAS) Jeremy Abraham Barrios Lima fue asesinado a tiros en la ciudad de Guatemala.8 4 Vandenbroucke, E. (2008) Environmental and Social Impacts of Mining in Guatemala: The Role of Local Communities and the Ecological Justice Movement, VUB. 5 Sobre el tema de minería y derechos humanos en Guatemala, existen muchos informes, el lector puede comenzar con el informe de Amnistía Internacional AI (2014) Mining in Guatemala: Rights at Risk, amr 34/002/2014 www.amnesty.org 6 Artur Neslen (2015) ‘Green’ dam linked to killings of six indigenous people in Guatemala www.theguardian.com 7 Véase http://udefegua.org op.cit. 8 Amnistia Internacional Acción Urgente AMR 34/5144/2016 No nos engañemos, esos asesinatos seguirán, y los hinchas del proceso los olvidarán justo como ahora olvidan la racha de asesinatos con que comenzaron el proceso de paz. Debemos estar de luto por esos dirigentes, pero no podemos aceptar los asesinatos representan una torpeza para el proceso de paz. Los hinchas del proceso ya han demostrado que están dispuestos a firmar lo que les pongan debajo de las narices. Estos asesinatos son una parte integral del proceso y seguirán por muchos años después, porque el capitalismo triunfante necesita garantizar su estabilidad. Las organizaciones sociales no pueden bajar su guardia, ni ahora ni después de la implementación de los acuerdos y deban hacer caso omiso de los hinchas del proceso que prometen el fin del terrorismo de Estado. No está en sus manos poner fin a esa violencia

SOBERANICIDIO: AUTORES DEL ASESINATO DEL PUEBLO: LOS PODERES CONSTITUIDOS

Jaime Araujo Renteria.

Los violentos en Colombia, han sido responsables de toda clase de homicidios (del latín homicidĭum: de homo, "ser humano", y caedere, "matar",) contra la sociedad civil; y en vez de asumir su responsabilidad y su culpa, han querido exculparse bajo cualquier pretexto: la lucha contra la subversión; la lucha contra el sistema político; la venganza, los celos, los “demonios liberados por el consumo de drogas” como quiso justificarse el autor del execrable crimen de Yuliana Andrea Samboní; a veces es contra uno solo de los miembros de la social civil, otras, contra muchos de sus miembros, como sucedió en el genocidio contra la unión patriótica o en el genocidio denominado eufemísticamente falsos positivos. Sin embargo, el país no había sufrido, la más violenta, la más execrable y abominable de todas las muertes: el Soberanicidio, el asesinato del pueblo por los poderes constituidos. El año 2016, ¡el año de la paz, nos trajo el más horrendo de los crímenes: el Soberanicidio!. En años anteriores, habíamos tenido varias tentativas de este delito; pero nunca se había consumado; ahora, bajo la excusa de la paz, no sólo se recorrió todo el íter criminis, sino que se ejecutó, con alevosía y premeditación. Los dictadores, que para camuflarse, de palabra, se autodenominan demócratas, pero que en los hechos se comportan como lo que son: verdaderos tiranos, sobre todo cuando el pueblo no actúa como ellos quieren; si no como pueblo soberano y autónomo; cuando la sociedad civil descubre, que sus intereses son distintos a los de los fementidos demócratas y que estos, en vez de proteger sus derechos, lo que hacen es violárselos y por esta razón actúa en contravía de lo que estos pseudo demócratas quieren. Se le dijo al pueblo colombiano, que por primera vez, en 60 años iba a decidir libremente sobre su propio destino; que debía adoptar la decisión más importante de su vida y que los firmantes de la cesación parcial del conflicto armado (que no es la paz), aceptarían el resultado cualquiera que fuese. Cuando el resultado fue distinto, se les cayó el disfraz de demócratas y apareció su verdadera identidad nazi fascista que siempre desconfía del pueblo, que cree que el Führer, el duce o el caudillo (Hitler, Mussolini o Franco) es superior a él pueblo, que si el pueblo no hace lo que estos quieren es porque es ignorante, tonto o imbécil. Como el estado totalitario parte del supuesto de la desigualdad de los hombres, los hombres superiores, que normalmente son los miembros del grupo gobernante, no confían en los hombres inferiores que son la gran mayoría del pueblo. El desprecio del propio pueblo, al que se considera incapaz, se traduce en la exclusión del pueblo, la eliminación del sufragio universal; la no consulta al pueblo (supresión de elecciones), y en el caso de hacerlo, en un tipo de sufragio amañado, casi siempre a través de plebiscitos. Quien no acepte la soberanía del pueblo no es demócrata; como no lo es aunque se coloque el apelativo de demócrata, quien no acepte que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Sólo se puede llamar demócrata, quien acepte que el pueblo es soberano, y que quienes lo integran son libres e iguales en derechos.

Los tres poderes constituidos (presidente, Congreso y rama judicial), sincronizadamente, procedieron a ejecutar el plan de asesinar al soberano y usurpar su poder. El primero en actuar fue el Presidente de la República: quien había prometido respetar la decisión del soberano; que además, por ser sobre un plebiscito implicaba un rechazo a su persona, a su política y a su gobierno, lo que lo obligaba a renunciar a él y a su gobierno, como sucedió recientemente en Italia, donde el primer ministro renunció, o en Inglaterra donde también renunció el primer ministro al triunfar el brexit; incumplió su promesa, sin ruborizarse, desconoció la voluntad popular, se quito el disfraz y se proclamó en alianza con el Congreso, (cuyos congresistas en su gran mayoría habían también apoyado el sí y por lo mismo habían sido también derrotados por el pueblo y por la misma razón estaban obligados a renunciar) órganos soberanos, cuando en realidad estaban usurpando la soberanía popular; y en un acto de prestidigitación y de magia, por no decir que de mafia, se atornillaron más en el poder, declarándose dueños de la soberanía y de su principal atributo el poder constituyente. Y cuando todos creíamos, que sobre el pueblo soberano, habían caído las siete plagas de Egipto, y se había consumado un hemicidio (medio muerto), apareció otro poder constituido: la rama judicial, para asestar el tiro de gracia al soberano. El primer actor judicial del Soberanicidio, fue la corte constitucional; la misma que le ha hecho fallos a la medida, a las normas también a la medida hechas por el gobierno, para disfrazar la dictadura civil del presidente Santos; olvidando que la misión fundamental de la corte constitucional, es la guarda de la integridad de la carta constitucional y la defensa de los derechos del pueblo soberano, precisamente contra los gobiernos y los congresos que son sus principales violadores; ignorando lo que dijera Manuel Gaona Cruz: “lo que la carta manda a la corte, es que guarde la carta y no que le haga la corte a quienes violan la carta”. En una palabra: que la corte sea Corte y no CORTESANA. En una actitud cortesana, con los poderes constituidos la corte constitucional, contra toda la tradición y los principios constitucionales universales y nacionales, cometió varios exabruptos jurídicos y lógicos: el primero que las decisiones del pueblo soberano y constituyente, no obligan a los poderes constituidos. Que la decisión del pueblo soberano, es apenas uno de los tantos requisitos, previos a la decisión del órgano constituido Congreso, que este puede desechar si le da la gana. 

Esta tesis cortesana, es un exabrupto jurídico y lógico pues coloca a los súbditos y dependientes del pueblo, por encima del pueblo soberano y constituyente; coloca al mandadero por encima de su mandante; es un exabrupto también contra los principios constitucionales democráticos, ya que desconoce la tradición jurídica que viene desde Aristóteles, hace 2500 años para quien la soberanía del pueblo está por encima de las leyes. Desde los griegos atenienses la democracia tiene tres elementos fundamentales: poder del pueblo (soberanía popular); libertad e igualdad de los hombres. Para Aristóteles en su libro la política era evidente que "La democracia es la forma en que la soberanía del pueblo está, por encima de las Leyes". “Forzosamente tiene que ser soberana la muchedumbre, y lo que apruebe la mayoría, eso tiene que ser el fin y lo justo ...”. Y que todos los ciudadanos decidan todos los asuntos del estado: “En la democracia es propio que todos los ciudadanos decidan de todos esos asuntos”.

Siendo la soberanía el máximo poder político; el único soberano que existe en la constitución colombiana es el pueblo colombiano de modo que el Presidente, el Congreso y las Cortes, actúan como súbditos, dependientes, mensajeros o mandatarios del pueblo colombiano, pero nunca están por encima de él. Si el pueblo ejerce la soberanía, como la ejerció durante el plebiscito, ningún otro poder, y mucho menos un poder constituido (llámense presidente, Congreso o Cortes) puede desconocer lo que decidió el pueblo mediante este ejercicio de la soberanía. La única manera de anular lo que el pueblo decida cuando ejerce la soberanía, es convocándolo otra vez para que éste adopte otra decisión. Jamás un órgano constituido tiene el poder para anular la decisión de un pueblo; pues solo otra decisión popular puede revocar lo que el pueblo haya decidido previamente. Mucho menos, puede desconocerlo o convertirlo en un requisito intrascendente, o en un apéndice, de la decisión que le dé la gana de adoptar al Congreso; pues esto es convertir al Congreso de esclavo del pueblo, en amo del pueblo; de empleado del pueblo en patrono del pueblo, de súbdito del pueblo, en soberano sobre el pueblo.

El otro exabrupto jurídico, consiste también como el anterior caso en invertir una relación (relación Pueblo soberano-súbdito (Congreso)), la existente entre la igualdad y la desigualdad, afirmando que el pueblo mayoritario no puede adoptar decisiones sobre todos los asuntos de la sociedad; y que un órgano constituido como el tribunal constitucional, puede anular la voluntad mayoritaria del pueblo.

Ya sabemos, que uno de los pilares fundamentales de la democracia es también la igualdad. La regla general en el Estado de derecho es la igualdad formal o ante la ley. Esta igualdad significó una verdadera revolución, que sólo podemos captar en su justa dimensión cuando observamos que en la sociedad feudal los hombres no eran iguales ante la ley y que sus derechos y obligaciones dependían de la clase social a la que pertenecían de modo que el miembro de la nobleza tenía derechos mayores que los de las otras clases (clero, naciente burguesía, ciervos de la gleba, etc.) mientras la naciente burguesía tenía muchas obligaciones, y muy pocos derechos (con razón Sieyes decía que el tercer estado era todo, pero que no tenía ningún derecho). Por esta razón cuando las revoluciones burguesas hicieron a todos los hombres iguales ante la ley dieron un gran paso hacia la dignidad del hombre. La igualdad formal o ante la ley se rompe de dos maneras: a) Dándole algo a alguien, que no le damos a los demás, esto es lo que se denomina privilegios; concediendo privilegios. b) También se rompe la igualdad ante la ley cuando no le damos a algunos, lo que le doy a todos los demás; esto es lo que se denomina discriminaciones; por ejemplo, no le doy el derecho al voto a los negros, que le doy a todas las demás personas. En síntesis, La igualdad formal o ante la ley, se puede romper hacia arriba, concediendo privilegios o hacia abajo, discriminando. Queremos advertir que las formas de discriminación previstas en el artículo 13 de nuestra Constitución no son las únicas que pueden existir. Como la regla general en el estado de derecho es que los hombres son iguales y la excepción es que son desiguales. La desigualdad es la que requiere justificación; la justificación de por qué hay que tratar de forma desigual, el trato desigual requiere una justificación; una prueba y una carga argumentativa que no requiere la igualdad formal. La igualdad de trato tampoco requiere justificación; en cambio la disparidad de tratamiento necesita siempre ser justificado. 

Las mayorías, pueden decidir en el Estado de derecho, sobre todos los asuntos, con la condición de que conserven la igualdad de todos los hombres; a contrario sensu, las mayorías excepcionalmente, no pueden decidir sobre ciertos asuntos, siempre y cuando, esa decisión discrimine a las minorías. El exabrupto de la corte consiste en que convierte la excepción en regla general y la regla general en excepción. Al invertir la relación entre igualdad y desigualdad; entre regla general y excepción, la Corte Constitucional sienta un gravísimo precedente contra la democracia; pues la convierte de gobierno de las mayorías en ¡gobierno de las minorías! (Aristocracia, oligarquía, plutocracia, monarquía; o nazi fascismo, forma todas que tienen en común el desprecio por las mayorías y que se traducen en el gobierno de minorías, elites o castas). No existe duda, que en ejercicio de su derecho a la paz, que tenemos todos los colombianos, el pueblo colombiano puede decidir, entre la visión Uribista-Santista, de una paz pequeña, sin cambio del modelo económico en la que coinciden Uribe y Santos que no es más que la cesación parcial de un conflicto armado y la visión que tenemos otros de una verdadera paz con justicia social; esto es con más derechos para el pueblo, que decide por sí mismo, si quiere una paz más completa.

La falta de independencia de la corte constitucional (con la excepción de algunos magistrados), ante el gobierno, el Congreso y otros poderes constituidos, es un hecho notorio, que como tal no necesita prueba: primero, referéndum a la medida del presidente y luego plebiscito también a la medida del presidente de la República y cuando éste lo pierde, el descaro, osadía e insolencia, de declarar que el presidente y el Congreso, están por encima de la voluntad popular; para no mencionar, la muerte que le ocasionaron al voto en blanco, que había sido establecido como un mecanismo contra la corrupción, a pesar de que el acto legislativo había dicho que un voto en blanco de más era suficiente, para que el voto en blanco derrotara a todos los candidatos; desconoció el acto legislativo y contra toda regulación constitucional, exigió que el voto en blanco, para poder ganar necesitaba ahora, por obra y gracia de la corte constitucional el 50% +1 de los votos válidos; y cuyo efecto práctico fue favorecer a los corruptos, pues ahora el pueblo indignado, necesitaba mucho más votos para barrerlos del panorama político nacional; para no hablar del gravísimo precedente contra todo principio moral y ético; de que él delito si paga; de que el crimen puede ser fuente del poder político, al no anular la reelección de Uribe y de Santos; ambas con el pecado original de ser productos del delito de cohecho. ¡Qué grave para los derechos del pueblo, cuando se juntan-así sea excepcionalmente-incapacidad, corrupción y falta de independencia en la judicatura!. Una de las misiones de la próxima asamblea constituyente, debe ser precisamente buscar por todos los medios, que todos los jueces sean honestos, capaces e independientes.

Como si esto fuera poco, otros desconocedores de la soberanía popular, han solicitado ante el honorable Consejo de Estado, que se anule la decisión popular. Su argumento central, es que algunos de los promotores del NO mintieron. Con este argumento podemos estar de acuerdo; como también mintieron algunos de los promotores del sí, comenzando por el gobierno nacional. La consecuencia debería ser que renunciaran todos los que mintieron: tanto los del sí como los del no. Mintió Uribe y mintió Santos y los dos deberían renunciar; pero lo que no podemos aceptar es que se desconozcan los votos de quienes no votamos ni por el no de Uribe ni por el sí de Santos; pues votamos contra los dos; contra la guerra de Uribe y contra la guerra contra los derechos del pueblo que ha hecho Santos, porque queremos una verdadera paz con justicia social, distinta a la simple cesación del conflicto armado de Santos. Probar que Uribe y Santos mintieron, no implica necesariamente haber probado que quienes votaron por el sí, estuvieron determinados por Santos o quienes votaron por el no, estuvieron determinados por Uribe. En nuestro caso personal ni las mentiras de santos ni de la de Uribe nos determinaron a votar ni por el uno ni por el otro, ya que votamos contra ambos; y esto es válido, también para mucha gente que votó por el sí y por el no, independientemente de lo que dijeron santos o Uribe. Desde el punto de vista procesal, no sabemos si la magistrada ponente en el honorable Consejo de Estado, votó o no votó; si no lo hizo, incumplió un deber cívico y si lo hizo, sólo existían tres posibilidades: votar como nosotros, contra las mentiras de santos y Uribe; votar por el sí de santos y en ese caso, está impedida para conocer del asunto, ya que habría tomado partido por el sí; e igual situación se presentaría si votó por el no, pues estaría litigando en causa propia. Lo que no puede aceptarse bajo ningún supuesto, es que bajo el pretexto de que Uribe y santos mintieron, se anule la decisión del soberano. La tesis de quienes piden la nulidad, tiene una premisa implícita absurda; pues considera al elector, como un orate o un oligofrénico, desconociendo que somos seres racionales y por lo mismo libres y autónomos, con capacidad para discernir, cuando Uribe miente y cuando Santos miente; y cuando mienten los dos, como fue el caso del plebiscito; y precisamente por eso votamos contra los dos, por una constituyente. Como no se nos escapa tampoco, que tanto Uribe como Santos, han cometido Soberanicidio, con la complicidad de algunos congresistas; pues ambos, han desconocido la voluntad popular expresada las mediante plebiscito, como fue el caso de santos, o mediante referéndum, como fue el caso de Uribe. En ambos casos, lo que negó el pueblo tanto en el referéndum de Uribe, como en el plebiscito de Santos, contra la voluntad popular, fue introducido y aprobado por medio del Congreso; en ambos casos se desconoció la soberanía popular y en ambos casos se usurpó la soberanía por parte del Congreso; a los usurpadores de ayer y de hoy, hay que recordarles lo que dijera Rousseau “de suerte que, en el instante en que el gobierno usurpa la soberanía, el pacto social queda roto, y los ciudadanos recobrando de derecho su libertad natural, están obligados por la fuerza, pero no por deber, a obedecer”; o lo que plasmaron los hijos espirituales de Rousseau, los jacobinos, en varios artículos de la constitución jacobina de 1793: “Artículo 27. Que todo individuo que usurpe la soberanía sea al instante ejecutado por los hombres libres.” “Artículo 31. Los delitos de los mandatarios del pueblo y de sus agentes nunca deben quedar impunes. Nadie tiene derecho considerarse más inviolable que los demás ciudadanos.” “Artículo 33. La resistencia a la opresión es la consecuencia de los demás derechos del hombre. Artículo 34. Hay opresión contra el cuerpo social cuando uno sólo de sus miembros es oprimido. Hay opresión contra cada miembro cuando el cuerpo social es oprimido. Artículo 35. Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada una de sus porciones, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes.” (Subraya nuestra). Ojalá, que los órganos constituidos, que aplican la violencia de la exclusión al pueblo constituyente y soberano, no lo obliguen a ejercer sus derechos a la resistencia a la opresión, o a la insurrección, como dijera la constitución jacobina, o no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, como dice el preámbulo de la carta de las Naciones Unidas de 1948.

Quienes han usurpado la soberanía, lo han hecho de la forma más burda y chabacana; deshicieron un plebiscito, por medio de una proposición, olvidándose que en el derecho, las cosas se deshacen como se hacen, de modo que los acuerdos de La Habana penden de un hilo; mañana, cuando el péndulo político cambie, bastará una proposición que diga que la proposición anterior queda sin ningún efecto jurídico, o que los acuerdos no tiene ningún valor y no debe sorprendernos que quienes aprueben la nueva proposición, sean los mismos congresistas que aprobaron la anterior; que hoy dicen estar por la paz de santos; y ayer estaban por la guerra de Uribe y mañana estarán por la nueva guerra de Vargas Lleras, de Oscar Iván o del propio Uribe; o por el fast track de alguno de ellos.

Lo más paradójico de todo lo que ha sucedido hasta ahora, es que nos presentaban los acuerdos de La Habana, como el pasaporte hacia un futuro luminoso, transparente, promisorio, hacia la tierra prometida y el retorno al paraíso perdido. Todo lo abominable del pasado: comenzando por la corrupción, las mafias en la política, la inmoralidad social y administrativa; la putrefacción y la podredumbre en la política, quedarían atrás; la deshonestidad, la depravación y la perversión social, económica y política, serían cosa del pasado; para conocerlas, tendríamos que ir al museo de los vicios del ayer. Lo paradójico, es que a los usurpadores de la soberanía popular, se les ocurrió, que los sepultureros de ese pasado abominable, ignominioso, repugnante e indigno, debían ser precisamente quienes mejor encarnaban sus vicios, su inmoralidad: la clase política y dentro de ella, el escenario donde se magnifican sus imperfecciones, degeneración y depravación: el Congreso de la República (con contadas excepciones). ¡Que paradoja, que del reino de los vicios, fuimos transportados al reino de la virtud, precisamente por quienes encarnan y simbolizan esos vicios!.

A los usurpadores de la soberanía popular, le manifestamos que la sociedad civil y el pueblo que le integra, no se la va a dejar arrebatar impunemente. Que la sociedad civil no se va a alejar dividir otra vez, entre sus verdugos Santos y Uribe o entre las marionetas de estos verdugos. Que la sociedad civil tiene un programa para una verdadera paz con justicia social; que va mucho más allá de los acuerdos de La Habana, que propone cambiar el modelo económico, político y social de Colombia y que está a años luz de distancia del programa de Uribe o de sus epígonos; que seguirá en las calles y en las plazas públicas defendiendo la constituyente popular y democrática, con refrendación popular posterior, para evitar que los órganos constituidos, vuelvan a cometer otro Soberanicidio, contra el pueblo soberano y constituyente.

Cero homicidios en cerca del 89 % del territorio cundinamarqués

 Con corte al 31 de enero de 2017,
en 103 de los 116 municipios del departamento
 no se han presentado casos de homicidio.

Con una diferencia de 502 casos en enero, en relación con el mismo periodo del año anterior, se redujo en un 49 % la tasa de delitos en el departamento.

Así se dio a conocer en desarrollo de un consejo de seguridad departamental en el que se expuso el balance del primer mes de 2017. Este balance muestra que los delitos de mayor reducción son las lesiones personales en un 84% y la piratería con un 100%. La tasa de homicidio también presentó una reducción, por agresión del 8% y por accidente de tránsito del 23%. En 2017, 103 de los 116 municipios de Cundinamarca, tienen cero homicidios frente a 58 registrados en el mismo periodo de 2016.

“El balance de este consejo es positivo, trabajamos para que los niveles de delincuencia y violencia en el departamento sigan decreciendo”, explicó el coronel Chavarro Rojas, comandante de la Policía de Cundinamarca.

La lucha decidida y permanente contra la delincuencia, liderada por el primer mandatario departamental, Jorge Emilio Rey Ángel en articulación con los organismos de control y vigilancia, especialmente la Policía del departamento, ha permitido que los  operativos adelantados, así como la acción inmediata de las autoridades, registren importantes avances en la identificación de zonas de alto impacto para incrementar los controles y el pie de fuerza, y de manera especial frente al desmantelamiento de bandas de microtráfico e incautación de estupefacientes

Los retos en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia continúan, de manera especial frente a delitos como el hurto de automotores, a personas, a residencias y a motocicletas, siendo estos los de mayor impacto por su incidencia.

En Cundinamarca con una población de 2.762.784 personas, se cuenta con 104 activos de la Policía por cada 100.000 habitantes.

Acciones para la seguridad

La Secretaría de Gobierno del departamento puso en marcha la estrategia “Territorios de paz”, que permite la implementación de acciones en los municipios más afectados por la violencia, entre los cuales se encuentran Soacha, que representa casi el 50 % de la población de todo el departamento, Girardot, Fusagasugá y Facatativá.

Territorios de paz incluye actividades pedagógicas se sensibilización e intervención en los territorios, encaminadas a la reconstrucción del tejido social, la prevención de las violencias asociadas a la intolerancia, el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, entre otros factores, promoviendo campañas comunicativas de sensibilización y formación, acercamiento comunitario y aumento de los sistemas de vigilancia (cámaras, obturadores de pánico etc.), entre otras acciones.

De manera especial en el municipio de Soacha, uno de los más afectados por la delincuencia y la violencia, se han invertido $1.650.000.000 en las comunas 1, 3 y 4,  con acciones como capacitación a autoridades y ciudadanos, (más de 500 personas beneficiadas en los barrios Los Pinos, Buenos Aires, Villa Nueva, Corregimiento 1 y complejo urbanístico vía Indumil); formación en Derechos Humanos (más de1.000 estudiantes en instituciones educativas de la comuna 3, corregimiento 1, e institución educativa oficial sede “La Isla”, de la comuna 4),  y jornadas de apoyo, (1100 personas atendidas en servicios de salud y 200 estudiantes beneficiados con adecuación de interiores y fachada de institución educativa oficial Marceliano Pérez).

Espaldarazo del BID a Región Vida

El organismo internacional asesorará,
entre otros, temas de movilidad, agua y saneamiento
 básico en Cundinamarca.

Gracias a la gestión adelantada durante el viaje del Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, a Washington, el proyecto “Región Vida”, recibirá el apoyo económico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Así lo manifestó el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, quien se reunió con las secretarías de Enlace Institucional y de Planeación de Cundinamarca.

“Hemos recibido por parte del BID, su total apoyo y asesoramiento en cada uno de nuestros proyectos, a los cuales se adiciona la recuperación de la Laguna de Fúquene, que en materia ambiental, será uno de los mayores logros de nuestra administración”, expresó el Gobernador Rey.

“Región Vida” es un pacto que firmaron los alcaldes de algunos municipios, con el fin de conocer el estado actual del Plan Básico de Ordenamiento Municipal, concretar los proyectos regionales de articulación con Cundinamarca- Bogotá, además de socializar las iniciativas y proyectos, liderados por la capital y su integración con los municipios de la Sabana.

Para socializar el proyecto, la secretaría de Planeación departamental, en cabeza de. César Carrillo, realiza la “Gira Visión Territorial 2036”, con un recorrido por algunos municipios de la Sabana para identificar los conectores viales que se deben definir para mejorar la movilidad vial entre los municipios del área de borde de los municipios y el Distrito Capital.

Este ha sido un trabajo en equipo, que involucra los alcaldes y de Planeación de los municipios de Chía, Cota, Zipaquirá, Cajicá, Facatativá, Soacha, Madrid, Mosquera y Funza; representantes de la secretaría de Movilidad del departamento, el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, ICCU, la Secretaría de Planeación Distrital y del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU.

El Consejo por Asamblea Nacional Constituyente nombro observadora internacional y ahora se encuentra en Quito.

Myriam Pinilla
Observadora Internacional del
Consejo Nacional Pro- Constituyente

El Consejo por Asamblea Nacional Constituyente, expresión organizada de la sociedad civil conformada por múltiples organizaciones políticas, sociales y reconocidas figuras democráticas   en Colombia, viene desarrollando un amplio trabajo de difusión y organización para salir de la crisis a la que nos trajeron las actuales clases dirigentes en nuestro país.

Las clases trabajadoras y sectores populares del campo y la ciudad no soportan más la ineficiencia, corrupción e ineptitud de los gobernantes y sus postulados de reducir el Estado a su máxima expresión y coartar los derechos de los ciudadanos.

Nuestra lucha, recoge las expresiones de inconformismo de los miles de colombianos que sufren un sistema de salud que busca llenar las arcas del capital financiero y no la solución a los problemas de enfermedad que viven muchas familias en Colombia.

Nuestra convocatoria a organizarnos recoge las expresiones del inconformismo  de la población trabajadora de Colombia que tiene que librar la batalla de la vida con salarios que no satisfacen las necesidades de las básicas de los trabajadores y los suyos, por el contrario las clases trabajadoras con su esfuerzo y labor engrosan cada día más  la arcas de los más ricos,  que  hoy se ven libres de impuestos, pues los tributos recaen sobre los más pobres de Colombia, impuestos tan regresivos como el IVA  que se aplica sin considerar por igual a todos, sin considerar los niveles de ingreso de la población.

Nuestra convocatoria a organizarnos pasa por asumir una posición frente a los acuerdos de la Habana, estos garantizan a los desmovilizados de las FARC unas garantías a las que no nos oponemos, pues la dejación de armas de este grupo para incorporarse a la lucha política la saludamos, en el entendido, que la guerra no ha logrado traer mejores escenarios de desarrollo y crecimiento en bienestar de la masa trabajadora del campo y la ciudad, pero consideramos que las luchas sociales deben ser resueltas por quienes día a día viven en medio de ellas.

Saludamos con beneplácito la fase publica de los Diálogos exploratorios con el ELN en busca de la Paz con esta organización alzada en armas.

Es nuestra consideración que la discusión de nuestros conflictos sociales, cargas y opresiones que vive el pueblo colombiano, pasan por una Asamblea Nacional constituyente amplia, popular, soberana y democrática como es de entender ningún tema quedara vedado para discutir en esa Asamblea.

Nuestro Consejo Nacional Constituyente, no se abstiene de participar activamente en ningún frente de la vida social, política, económica, cultural, educativa etc. Y convencidos de que todos los escenarios nos son propicios para impulsar, luchar y trabajar por La Asamblea Nacional Constituyente; delegamos como:

Observadora Internacional a la Profesora Myrian Pinilla Zapata

Quien cumpliendo con esta delegación se encuentra en Ecuador para divulgar, impulsar y promover nuestro proyecto, además de participar activamente en todas las actividades que son pertinentes a los diálogos exploratorios, fase publica con el ELN.

Ella nos representa como expresión de la sociedad civil organizada en este escenario internacional y tan determinante en los acontecimientos que se desarrollan y desarrollaran en los tiempos que corren.

El Polo condena la corrupción y exige resultados en las investigaciones

Como resultado de investigaciones llevadas a cabo en Brasil y EE.UU. la multinacional Odebrecht aceptó ante la justicia de esos países, haber realizado sobornos por 788 millones de dólares  en doce países, incluidos 11 millones pagados en Colombia. 

En Colombia las denuncias han destapado un ramillete de indicios sobre hechos de corrupción en las contrataciones de la concesión Ruta del Sol II; la recuperación de la navegabilidad del rio Magdalena; el Otro Si a la Ruta del Sol II para adicionar la carretera Gamarra-Ocaña y la contratación de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, EAAB, para las obras del túnel de Canoas. Las denuncias implican las campañas presidenciales de 2014 de los candidatos Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga; a las ex ministras de Comercio y de Educación de Santos, Cecilia Álvarez y Gina Parody; a las directivas del Banco Agrario y al mismo Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, entre otros personajes.

Inexplicablemente el Fiscal ha empezado a restarle de manera descarada e inaceptable, gravedad a los delitos cometidos. Ha dado traslado de lo relacionado con el ingreso de dineros de Odebrecht a las campañas de Unidad Nacional y el Centro Democrático al Consejo Nacional Electoral, en calidad de delitos electorales. Dio declaraciones absolviendo al consorcio Navelena-Odebrecht en las situaciones anómalas del contrato del río Magdalena y bajado de perfil al delito del Otro Si para la adición de la carretera Gamarra-Ocaña. Se evidencia que en todo lo actuado se guarda silencio sobre el papel del Grupo Sarmiento Angulo, socio en un 30% de la contratación de la Ruta del Sol II y para quién trabajaba el Fiscal General  antes de su designación. El Banco Agrario prestó 120 mil millones de pesos de manera anómala al consorcio Navelena-Odebrecht que están a punto de perderse, mientras se le niega el crédito a millones de campesinos necesitados y arruinados por el libre comercio.

Las escandalosas denuncias implican a los partidos que durante décadas han mal gobernado a Colombia y son los únicos responsables del atraso, la desigualdad social, la dependencia y la antidemocracia actuales.

El Polo Democrático acompaña las valientes denuncias que al respecto han hecho miembros de nuestra bancada y de otros partidos alternativos, así como de investigadores y periodistas. Exigimos resultados efectivos en las investigaciones que conlleven a castigar a los responsables y resarcir los daños causados a las finanzas públicas. Es inaceptable que con una declaración del gabinete se pretenda exonerar la campaña del Presidente. Los colombianos están hartos de tanta corrupción y del tapen tapen por parte de los mismos.

El Polo rechaza criminalización de la protesta por la Fiscalía contra los camioneros.

El gobierno de Juan Manuel Santos y su Fiscal Néstor Humberto Martínez, han ordenado la captura de dirigentes de los camioneros en los departamentos de Boyacá, Nariño, Antioquia y Putumayo, es inaceptable la persecución a la protesta civilista y democrática de las organizaciones gremiales y sociales, comportamiento propio de gobiernos autoritarios y despóticos.

El Paro camionero de 2016 fue motivado por la política de exterminio del sector por los TLC y la liberación total de la matrícula de nuevos camiones en favor de las multinacionales.

Los ministros de Santos negociaron y reconocieron la justeza del Paro, por lo tanto es reprobable que el Gobierno Nacional y el Fiscal General, tiempo después procedan a semejante atropello apresando por ahora a los compañeros Alfonso Medrano, Andrés Charfuelán, y Miltón Narváez. Exigimos su libertad inmediata y el respeto de sus derechos.

El colmo del santismo meter a la cárcel a los empresarios y trabajadores mientras exonera y tapa la corrupción de los cacaos y las multinacionales. 

Y VIENEN POR MÁS…

Sebastian Gonzalez
Histórico luchador y  Dirigente de la Unión Patriótica

Es alarmante y sorprendente ver el cinismo con el que actúa el gobierno correista, que con el slogan “VAMOS POR MÁS” pretenden engañar otra vez al pueblo ecuatoriano. 

¡Vamos por más!…  acaso no será suficiente  10 años de desgobierno,  donde se han festinado los recursos nacionales y ha quedado en evidencia la corrupción descarada de los funcionarios gubernamentales,  10 años de persecución, represión, enjuiciamiento y cárcel para los luchadores sociales, organizaciones  populares, partidos y movimientos de izquierda, en contra de hombres y mujeres honestos que han denunciado la corrupción reinante, 10 años donde cientos de personas han sido enjuiciadas, perseguidas, encarceladas injustamente, 10 años no les ha sido suficiente para dividir y tratar de acabar con el movimiento social organizado, 10 años no les es  suficiente para manosear,  denigrar y desvirtuar los nobles propósitos de una verdadera revolución y un auténtico Socialismo.

10 años no han sido suficientes para anular y vulnerar los derechos laborales, gremiales, estudiantiles, donde se han despedido a miles de trabajadores y empleados públicos, donde se les ha negado el libre ingreso a las universidades a más de 600 mil jóvenes, donde se eliminó la educación bilingüe, donde se  robaron los dineros de los maestros, un país con una canasta básica familiar que sobrepasa los 700 dólares y un sueldo básico de 375 dólares, con un desempleo del  56%, se han violentado los derechos de los jubilados, de la naturaleza, se destruyen y contaminan nuestros bosques, nuestra selva para beneficiarse y beneficiar a las empresas transnacionales.

Ahora nos dicen que ¡VIENEN POR MÁS! sería bueno preguntarse ¿más qué?!!!  Acaso será ¿más prepotencia? ¿Más abusos? ¿Más vulneración de derechos?, ¿más represión?, ¿más desalojos?, ¿más mentiras?, ¿más corrupción?, ¿más negociados y sobre precios?, ¿más endeudamiento?, ¿más entrega de nuestros recursos naturales?, ¿más pérdida de soberanía?

Ha sido evidente que los correistas en estos 10 años han actúan con hipocresía, con doble moral, son hábiles maestros del engaño, cuentan con un equipo de propaganda y medios “informativos” que matan con la calumnia: cuentan con pretorianos a buen sueldo, con vociferadores a buena propina, que cumplen su papel de manipular masivamente la verdad y tergiversar los hechos. 

Ahora viene por más… lecciones de inmoralidad, tránsfugas corrompidos con la herencia y el mal ejemplo.

Respuestas burocráticas e indignantes ante solicitudes de información sobre búsqueda e investigación de desaparición de Carolina Garzón

 

Carolina Garzon
colombiana desaparecida en Ecuador

Durante las tres últimas semanas del año anterior, a iniciativa de la familia de Carolina Garzón, desaparecida en Ecuador desde hace ya prácticamente 5 años, un significativo número de personas y organizaciones de diversos países dirigieron una carta común a las autoridades ecuatorianas y colombianas demandando información y exigiendo avances en la búsqueda e investigación.

Las autoridades colombianas se limitaron a responder en forma completamente burocrática, igual que algunos funcionarios ecuatorianos. Hubo, sin embargo, una respuesta abiertamente ofensiva, cuya sola lectura causa indignación; tanto por las afirmaciones que hace como por la responsabilidad que tiene ese funcionario en esclarecer la desaparición de Carolina. Se trata de la respuesta del Fiscal General del Ecuador, Galo Chiriboga, la cual reproducimos.

Ante la ofensa a la familia que significa esa respuesta del Fiscal ecuatoriano, la madre de Carolina –Alix Mery Ardila Pasos– y la hermana –Lina Garzón Ardila– han dirigido una carta abierta al Fiscal General del Ecuador, la cual reproducimos igualmente para conocimiento de nuestros lectores.

Respuesta del Fiscal General del Ecuador, Galo Chiriboga Zambrano,

a las solicitudes enviadas por diversas personas en el mes de diciembre de 2016

Enviado desde Yahoo Mail para Android

El mié. 21 21e dic. 21e 2016 a las 10:48, Fernando Patricio Vasconez Vaca

<vasconezvf@fiscalia.gob.ec> escribió

A Quien corresponda

Presente.-

De mi consideración:

Confirmo la recepción de los correos S/N del mes de diciembre de 2016, que tienen relación con aspectos puntuales de la investigación que se adelanta por la desaparición de Stephany Carolina Garzón Ardila.

Yo, Galo Chiriboga Zambrano, Fiscal General del Ecuador, en acuerdo con el Fiscal General de la Nación de Colombia, Dr. Luis Eduardo Montealegre Lynett, asumimos como labor conjunta investigar la desaparición de Stephany Carolina Garzón Ardila desde el conocimiento de la noticia de su desaparición, la misma que tiene una constante y coordinada atención. Ambos estados, Ecuador y Colombia, continúan trabajando en obtener resultados que permitan dar una respuesta positiva a los familiares de Carolina Garzón, lo cual ha sido comunicado en innúmeras ocasiones a los familiares y a la sociedad en general. El interés del estado Ecuatoriano en conocer las circunstancias de la desaparición de Carolina Garzón y de todas las personas desaparecidas es prioritaria, Ecuador es uno de los pocos países que actualmente tiene una red de Fiscalías Especializadas para la investigación de Personas Desaparecidas, en la misma línea y de conformidad a lo dispuesto en el Código Orgánico Integral Penal, no se pueden archivar ni cerrar las investigaciones por desaparecimiento hasta dar con la ubicación de las personas desaparecidas.

La situación de las personas desaparecidas en el país es un tema prioritario y trascendental para el estado Ecuatoriano, tanto que semestralmente realiza reuniones lideradas por el Presidente de la República, con la asistencia de la Fiscalía General del Estado, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Consejo Nacional de la Judicatura entre las principales instituciones; reuniones en las que los familiares presentan sus inquietudes y se revisan los avances efectuados, promoviendo iniciativas que apoyen la preocupación del primer mandatario y sus secretarios de Estado.

Por otra parte, como Fiscal General del Estado, mantengo periódicamente reuniones individualizadas con los familiares de las personas desaparecidas, habiendo creado adicionalmente una Coordinación Nacional de Fiscalías Especializadas de Investigación de Personas Desaparecidas, cuyo titular se dedica exclusivamente al tema de las desapariciones, estableciendo un nexo de información permanente entre el Fiscal General y las acciones que adelantan las fiscalías especializadas a nivel nacional. La Fiscalía General del Estado se encuentra constantemente elaborando protocolos y estableciendo convenios para fortalecer la labor realizada en los casos de personas desaparecidas en el Ecuador, como el Protocolo de actuación de Personas Desaparecidas promulgada por el Consejo de la Judicatura y el protocolo de actuación de la Fiscalía, entre otros.

Informo que en cumplimiento de nuestras competencias y obligaciones, en el caso de Carolina Garzón se han adelantado impulsos fiscales sustentados en ochenta y siete cuerpos investigativos, los que se encuentran disponibles para consulta, revisión y seguimiento por el denunciante y sus familiares. Lamentablemente, pese al esfuerzo realizado, todavía no se ha logrado dar con el paradero de Carolina Garzón, sin embargo en el Ecuador, y específicamente en la actual administración de la Fiscalía, se han resuelto casos de mayor o igual dificultad como el de Angie Carrillo, Elías Suarez, Luz Estela Meneses, Estrella Campaña, entre otros, y confiamos que en un futuro cercano se incluya en el anterior listado el caso resuelto de Carolina Garzón Ardila.

La investigación de la desaparición de Carolina Garzón Ardila no puede estar sujeta a amenazas o intimidaciones veladas o directas por parte de terceros que por obvias razones desconocen el trabajo y esfuerzos empeñados en la búsqueda exhaustiva realizada por el estado Ecuatoriano en sus diferentes ámbitos. Quienes desconocen y replican sin mayor criterio un mismo texto promovido por fuentes ajenas e interesadas en prevalecer sus agendas, con el asesoramiento de una profesional del derecho quien se ha beneficiado económicamente de una relación impropia con el Ministerio de Justicia; y, que frente a la investigación, en atención a sus intereses, ha quedado demostrado el efecto adverso de sus intervenciones, afectando negativamente los esfuerzos realizados por la Fiscalía General del Estado, que tiene como única finalidad procesal encontrar a Stephany Carolina Garzón Ardila.

El extravió de la cámara fotográfica en la Fiscalía de Colombia es un tema que el estado colombiano deberá responder, y realizar las averiguaciones pertinentes para su recuperación. Por su parte el estado Ecuatoriano aspira a que Colombia demuestre el mismo interés para resolver el caso del señor Ibarra, quien hace cinco años fue asesinado en Ipiales a consecuencia de un secuestro extorsivo, y no se ha informado de los avances en la investigación que permitan su esclarecimiento.

El estado Ecuatoriano y sus principales autoridades, y específicamente el Fiscal General del Estado, los fiscales de las diferentes causas, y la Coordinación de personas Desaparecidas, responden a sus competencias y obligaciones con denodado esfuerzo que ha repercutido en la solución de varios casos, por lo que es inaceptable las pretensiones de desviar un caso en particular con el objetivo de orientarlo a obtener intereses inconfesables pero predecibles ante Instituciones Internacionales de Derechos Humanos. De igual manera es deleznable hacer responsables a las instituciones que son parte de la investigación por la desaparición de Stephany Carolina, de los lamentables fallecimientos de sus familiares, utilizando el dolor de esta familia con objetivos distintos a los que deben primar en la solución del tema que nos ocupa.

Atentamente,

Galo Chiriboga Zambrano

FISCAL GENERAL DEL ESTADO

Carta de Alix Mery Ardila Pasos, madre de Carolina, y de Lina María Garzón Ardila al Fiscal General Galo Chiriboga Zambrano

 Bogotá, 13 de febrero de 2017

Señor

Fiscal General del Ecuador

Galo Chiriboga

Quito

                                                                                                                  Asunto: Respuesta a correo electrónico

                                                                                               enviado por FGE de fecha 21 de diciembre de 2016.

Después de tomarnos el tiempo necesario para procesar su indolente, injustificada e inmotivada respuesta, como familia Garzón Ardila, nos dirigimos a usted, con el mayor respeto que usted como nosotros merecemos; con el fin de manifestar la indignación, que usted y sus asesores han causado a nuestra familia, con la respuesta dada a las múltiples cartas que en el mes de diciembre le enviaron distintas personas –entre ellas nosotras– desde distintos países, indagando por los avances en la investigación de la desaparición de nuestra hija y hermana, Stephanny Carolina Garzón Ardila. En dicha respuesta usted nos señala de falta de criterio, que hemos sido manipulados por terceros, entre otras ofensas que han manifestado en la respuesta dada por usted.

Usted bien sabe, desde el momento mismo de la desaparición de Carolina hasta la fecha, una gran cantidad de personas en Ecuador, Colombia y diversos países han estado pendientes de esta dolorosa situación. Es apenas lógico. Carolina, hasta su desaparición, desarrolló una intensa actividad como dirigente del movimiento estudiantil en Colombia, como militante del Partido Socialista de los Trabajadores que a su vez es parte de una organización internacional con presencia en un significativo número de países. ¿Acaso espera usted que todos los cientos o miles de personas que han respaldado la lucha por una investigación eficiente y por encontrar a Carolina la olviden, como lamentablemente tal vez sucede con muchos otros desaparecidos? ¿Qué manipulación existe en que se mantenga una actitud vigilante ante sobre la obligación Estatal de adelantar acciones idóneas, eficientes y reparadoras de búsqueda, investigación y si lo amerita sanción de los hechos?

Ante su respuesta, que en nada satisface las solicitudes de quienes nos dirigimos a usted en las comunicaciones del mes de diciembre, como madre y familia que agradecemos profundamente a quienes mantienen su interés en nuestra lucha por la aparición de Carolina, estamos en la obligación ética y moral de pronunciarnos públicamente, con el fin de desmentir, sus absurdas y agresivas afirmaciones:

1. No estamos manipulados por terceros, la familia tiene criterio propio, para la aclaración no somos títeres, a los que cualquiera puede venir a manejar.  De no tener criterio propio es posible que hubiéramos dado credibilidad a las hipótesis infundadas o a las múltiples promesas hechas por usted relativas a la desaparición de Carolina e investigación  de los hechos.

2. Lo que las personas han manifestado es lo que como familia hemos venido viviendo a lo largo de todos estos años y reiteramos todos estos hechos. Carolina es reconocida internacionalmente y es por ello que personas de muchos países exigen su aparición de inmediato o que ustedes como gobierno den respuesta a esta difícil y dolorosa situación por la que estamos viviendo como familia, como compañeros, como amigos.

3. Nosotros como familia tenemos todo el derecho de estar asistidos por los profesionales que mejor nos representen y consideremos pertinentes y es por ello que estamos totalmente seguros que la abogada que nos ha venido acompañando en todo el proceso del caso de la desaparición de nuestra Carolina, nos ha representado, con ética profesional y responsabilidad, así que como familia nos sentimos satisfechos y representados, por nuestra representante legal.

Sobre el pago de honorarios que realizo el Ministerio de Justicia a nuestra abogada, a petición de nuestra familia, consideramos que es obligación del  Estado poder ofrecer servicios integrales de asesoría y representación legal a las víctimas, y como familia nos vimos obligados a gestionar de manera directa con Min. Justicia un convenio para que nuestra abogada recibiera honorarios, ya que en su calidad de Profesional merece percibir una retribución económica por sus servicios; los mismos que ha prestado con integridad y en defensa de los intereses y derechos de Carolina y de nuestra familia lo que incluye una permanente vigilancia y denuncia de las omisiones o falta de debida diligencia en la que incurra el estado.

Por otro lado, existe la responsabilidad legal del Estado, por no tener ni la responsabilidad, ni la ética, ni mucho menos los debidos profesionales, para actuar pertinentemente y con eficacia, es por esto,  que no nos  pueden acusar de que estamos buscando argumentos sin fundamentos para llegar a instancias internacionales.

La falta de DEBIDA DILIGENCIA durante la investigación fiscal demostrada a lo largo de estos 4 años  9 meses, 1.7552 días es argumento MAS QUE SUFICIENTE para llevar al Estado Ecuatoriano ante instancias internacionales, y para ello la familia no requiere buscar argumentos sin fundamento; esos argumentos ya están dados.

Le recuerdo Sr. Fiscal que el Estado debe “iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva, que no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. La búsqueda efectiva de la verdad corresponde al Estado, y no depende de la iniciativa procesal de la víctima, o de sus familiares o de su aportación de elementos probatorios.

La realización de una investigación efectiva es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos que se ven afectados o anulados por esas situaciones, como lo son en el presente caso los derechos a la libertad personal, integridad personal y vida. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado”.[1]

Adicionalmente el Estado ecuatoriano se ha obligado por diversos instrumentos internacionales cuyo propósito es prevenir y sancionar graves violaciones a DDHH, entre ellos la desaparición de personas a saber: la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las Desaparición Forzada de Personas, el Estatuto de Roma y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir que la persecución y condena de este delito comporta, más allá de una obligación del Estado respecto a sus ciudadanos, una obligación internacional en materia de derechos humanos.

Es claro que en la Fiscalía de Ecuador se han agotado todos los recursos legales y ya han pasado 4 años 9 meses, 1752 días y aún no hay algún tipo de respuesta o hipótesis coherente, es así como evidenciamos que sean esos mecanismos internacionales los únicos que quedan abiertos para que nosotros como familia podamos proseguir con nuestro anhelo de justicia.

Le recuerdo que cuando un familiar desaparece hay unos efectos sobre la familia y que la primera manifestación de estos efectos tiene que ver con el estado de ánimo. Walter era hijo único y cuando tuvo que ir a Ecuador a buscar a su hija Carolina tuvo que abandonar a su señora madre, quien en efecto falleció sola en una situación de ansiedad y en una profunda tristeza por la desaparición de su nieta y la ausencia (separación de su hijo) y esta situación anímica y la salud de Walter se vio seriamente comprometida y  agravada cuando tuvo que estar en  Ecuador de ministerio en ministerio, de calle en calle, buscando a su hija ante la ineficacia estatal y posteriormente todas estas condiciones de salud se vieron fuertemente amenazadas y agravadas por la depresión en que Walter entró y si, consideramos que hay una responsabilidad del estado por no haber dado una atención diligente y reparadora y por la incapacidad de la Fiscalía para procesar la búsqueda e investigación, la ausencia de voluntad política, porque lo que tuvo que hacer Walter fue enfrentarse a todo un Estado, a toda una institucionalidad, que ha reconocido la denodada acción desarrollada por Walter en la búsqueda de Carolina y  que también ha reconocido que  no estaba y aún no está preparada en el tema de desaparecidos y que tiene gravísimas falencias.

Sobre la muerte de Walter el día 13 de septiembre de 2016 llego a mi correo personal el oficio 0003591FGE-D-2016, suscrito por usted en el que manifiesta sus condolencias y como ya se lo dije en esa oportunidad Y LO REITERAMOS, sus condolencias no debieron llegar; a Walter Garzón lo mató la tristeza, esa profunda depresión en la que entró desde que Carolina desapareció y él tuvo que dejarlo todo para dedicarse como usted dice a una denodada acción de búsqueda, en la que tuvo que enfrentarse a la inoperancia fiscal y policial, a la falta de rigurosidad en la investigación, a las hipótesis sin fundamento, a las respuestas diplomáticas y vacías… Si el Estado Ecuatoriano hubiera garantizado nuestro derecho a la verdad y a la justicia Walter seguiría entre nosotros.

Le recuerdo Sr. Fiscal que el 12 de septiembre  de 2016 cuando Walter falleció yo me encontraba en Quito, buscando a mi hija, porque desde que Walter enfermó yo asumí la búsqueda, de inmediato mi abogada y los familiares y amigos miembros de ASFADEC llegaron a ofrecerme su solidaridad genuina, su afecto, su fortaleza. Y en su momento le pedí que no me mande condolencia; que su obligación es garantizar mi derecho a la verdad; dígame quien se la llevó, donde está. Repare integralmente el terrible daño que se ha cometido contra mi familia.  Dígame motivadamente porque 6 fiscales no han dado respuestas, dígame porque en 4 años, de según usted una indagación prioritaria, no hay resultados; porque los maltratos de algunos de sus fiscales contra mi persona no han sido sancionados.   Hasta cuando voy a tener que esperar.  Hasta cuando yo y mi familia vamos a estar sumidas en esta angustia prolongada, insoportable. Hasta cuando este duelo sin procesar, este miedo paralizante de no conocer la verdad.

Esa supuesta solidaridad en su momento sonó ahuecada, sus condolencias no nos consolaron,  más bien, una vez más nos llenaron de indignación y de rabia, nos recuerdan que el estado Ecuatoriano ha incumplido su obligación de diligencia, investigación eficiente, celeridad y trato reparador a las víctimas.

Sobre la cámara fotográfica desaparecida en Colombia le recordamos Sr. Chiriboga que se trata de evidencia colectada en Ecuador y enviada por FGE a Colombia bajo una asistencia internacional, por lo cual es la institución que usted representa la que debería mostrar preocupación frente a esta pérdida y exigir de la Fiscalía Colombiana las explicaciones pertinentes. Es posible que como con la cámara nos pase igual que con la investigación, que 4 años y 9 meses después no tengamos respuestas coherentes y fundadas por su parte.

También en su carta hace referencia a un ciudadano ecuatoriano desaparecido en Ipiales Colombia. Nosotros lo lamentamos profundamente y en efecto el estado colombiano debe responder, lamentablemente aquí no se trata de una competencia de si encuentro o no a determinada persona; cada estado tiene obligaciones específicas que debe cumplir y le agradecemos que no utilice como pretexto, como escudo, la situación de otros casos para justificar su inoperancia, su falta de respuesta en el caso de Carolina.

El denodado esfuerzo del estado Ecuatoriano y sus principales autoridades, y específicamente el Fiscal General del Estado, los fiscales de las diferentes causas, y la Coordinación de personas Desaparecidas al que usted se refiere en su carta quedara demostrado cuando la FGE tenga al menos una hipótesis fundada de lo que ocurrió con Carolina Garzón y cuando puedan dar de manera motivada y con argumentos sólidos a cada uno de nuestros interrogantes y pretensiones. Su discurso rimbombante, injustificado y agresivo solo pone una vez más de manifiesto la ausencia de respuestas, la falta de resultados, la debilidad de sus argumentos.

Por todas estas razones reiteramos nuestra solicitud de que se constituya una Comisión Binacional de Alto Nivel que, apoyándose en la experticia de la Fiscalía colombiana en casos de desaparecidos, tenga como objetivo exclusivo la investigación de la desaparición de Stephany Carlina Garzón Ardila, y se atienda así al reclamo de todas las personas y organizaciones que tuvieron a bien enviar sus comunicaciones esperando una respuesta eficaz y respetuosa.

Nos despedimos con profundo dolor, a la espera de que el estado ecuatoriano de respuestas concretas a nuestras exigencias; agradecidas por la solidaridad honesta que muchos y muchas personas han manifestado y sé que seguirán manifestando, seguras de que Carolina no caerá en el olvido y en el silencio; y con la certeza de no cansarnos hasta encontrar la verdad.

Alix Mery Ardila Pazos

C.C. 41.661.141 Bogotá

Madre de Carolina

Lina María Garzón Ardila

C.C.1.033.747.763 Bogotá

Hermana de Carolina

[1] Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, supra nota 22, párr. 143. Ver también Corte IDH. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 219 y 223; y Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname, supra nota 1, párr. 145. En este sentido ver también Corte IDH. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras, supra nota 6, párr. 75; Caso Ríos y otros Vs. Venezuela, supra nota 7, párr. 283 y Caso Perozo y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 298.

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La corrupción es el sistema

Juan Sánchez R.

CONSEJO PROCONSTITUYENTEA

La escalada de escándalos de corrupción parece no tener fin. Todos los días nos anuncian un nuevo implicado, otra investigación exhaustiva y el anuncio de drásticas sanciones. Los trabajadores y los pobres no debemos dejarnos engañar. Lo que ocurre no son hechos fortuitos o la evidencia de que hay “algunas manzanas podridas” que pueden contaminar a las demás. El sistema no se está corrompiendo, la corrupción es el sistema.

Que la transnacional brasileña de la construcción Odebrecht haya recorrido el mundo ofreciendo y entregando sobornos a funcionarios públicos –incluidos presidentes o candidatos a serlo-, o chantajeando a contratistas menores para sacarlos de la competencia o someterlos a su control, no debería extrañar a nadie. El capitalismo es así, empezando porque se basa en la apropiación de la mayor parte de la riqueza producida directamente por la clase obrera, mientras la mayoría de los trabajadores están sumidos en la miseria.

El afán de incrementar sin límite las ganancias es el principal motor de la despiadada competencia sobre la que se basa el sistema capitalista. Así que el problema no son las tácticas comerciales corruptas de un empresario, menos cuando se trata de una poderosa transnacional. Lo que han puesto de presente los escándalos es al servicio de quién se encuentran los funcionarios del Estado y se confirma que, del presidente de la república para abajo, no son más que la junta de negocios de la gran burguesía, y por lo tanto susceptibles a las presiones de los diversos sectores que la conforman y dispuestos a venderse al mejor postor.

Ahora nos piden que confiemos en que los organismos de control, las llamadas “ías” (Fiscalía, Contraloría, Procuraduría), cumplirán con su papel de velar por el cumplimiento de la ley y las reglas de “la sana competencia” en beneficio de la población. Es otra vana ilusión. En el pasado reciente hemos podido comprobar que estos organismos de control no pasan de ser herramientas al servicio de la pugna entre grupos de poder, en cuya cúspide se encuentra una presidencia imperial autoritaria, más parecida a una dictadura que a un régimen democrático. Lo mismo ocurre con el resto de los poderes públicos. No podemos confiar en el Congreso de la República, monopolizado por los partidos del régimen -la absoluta mayoría de sus integrantes no son más que traficantes de votos y redactores de leyes al servicio de los mismos empresarios promotores de la corrupción- ni en el poder judicial, en cuya cúpula se encuentran magistrados de la calidad de Jorge Pretelt, o en el Consejo Nacional Electoral, al que se le asigna ahora la tarea de juzgar la limpieza en la contabilidad de los partidos; ninguna de estas instituciones merece la más mínima credibilidad.

Sólo hay una manera de erradicar definitivamente la corrupción del ejercicio de la gestión pública y es transformando estructuralmente el sistema, poniendo los medios de producción bajo el control de los productores directos, apoyados en la más amplia democracia en la toma de decisiones. Este régimen político democrático será una profunda revolución y sólo puede ser conquistado por la más amplia movilización y participación de las mayorías. El mejor ejemplo que hoy estamos recibiendo los trabajadores y los pueblos del mundo sobre cómo debemos enfrentar la profunda descomposición de esta sociedad en crisis, y de la cual la corrupción no es más que un síntoma, lo está dando el pueblo rumano que ha salido a las calles a exigir la salida del presidente de la república.

Esa revolución deberá establecer una nueva institucionalidad basada en el poder efectivo de obreros, campesinos pobres, sectores populares, indígenas, afrodescendientes, estudiantes y todas las expresiones organizadas de los marginados y los oprimidos.

En esa perspectiva la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente amplia, democrática, soberana, aparece más urgente que nunca. A esa Constituyente podremos llevar un programa que no sólo corte de tajo las raíces de la corrupción, como la supresión de la personería jurídica a todos los partidos que se han prestado para el tráfico de influencias, el saqueo del erario, o directamente para la expedición de normas que facilitan la corrupción, sino medidas urgentes que respondan a las necesidades vitales de las amplias mayorías, empezando por una reforma agraria radical, trabajo estable para todos con salarios dignos, acceso a la salud a cargo del Estado, educación gratuita para todos hasta el nivel universitario, vivienda cuyo costo sea accesible para todas las familias y las más amplias libertades políticas. En esa Constituyente debemos reivindicar la autodeterminación de nuestro país frente a los mandatos del gobierno norteamericano y los demás países imperialistas, rompiendo todos los pactos que subordinan a Colombia a sus intereses y promoviendo la unidad de los pueblos del mundo contra sus agresiones militares, en particular el llamado Paz Colombia cuyo único objetivo es seguir hundiendo a nuestro país en la violencia en beneficio de los intereses de las transnacionales.

Para propiciar esa profunda revolución debemos aunar esfuerzos todos los que hoy estamos excluidos por el régimen antidemocrático imperante, exigiendo garantías políticas para todos, no sólo para quienes han depuesto las armas a cambio de su participación política en la vida pública, sino para todos los que hemos luchado contra la desigualdad política y social a través de las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, las organizaciones populares y los partidos políticos revolucionarios.

Los partidos políticos de izquierda que cuentan actualmente con reconocimiento político o representación parlamentaria, deberían ser los primeros en sumarse a esta exigencia, demostrando de esa manera que están verdaderamente comprometidos con la causa de las libertades políticas y la más amplia democracia.

¡Exijamos garantías democráticas para todos!