Denuncia de usuario por presuntos cobros irregulares en TransMilenio y reclamos sobre trayectoria sindical y política
Denuncia ciudadana
Según su testimonio, los hechos más recientes ocurrieron el jueves 30 de abril y el domingo 3 de mayo de 2026, en trayectos desde y hacia el Aeropuerto Internacional El Dorado. Pérez González afirma que, en ambas fechas, se le habría cobrado doble pasaje al ingresar al sistema, situación que —asegura— también afectó a otros usuarios en el Portal El Dorado.
De acuerdo con el denunciante, tras el segundo episodio su tarjeta de transporte quedó con saldo negativo. Indicó además que, aunque otras personas habrían experimentado el mismo inconveniente, no presentaron reclamaciones formales.
Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial específico por parte de TransMilenio frente a estos hechos. En casos similares, la entidad ha recomendado a los usuarios acudir a puntos autorizados de atención para verificar movimientos, revisar el estado de la tarjeta y tramitar posibles reclamaciones.
En su declaración, Pérez González también hizo referencia a situaciones pasadas vinculadas con su actividad sindical en la industria de bebidas en Colombia. Mencionó al empresario Carlos Ardila Lülle en relación con presuntos conflictos durante su periodo como dirigente sindical en el departamento de Caldas. Estas afirmaciones corresponden a su versión y no cuentan con verificación independiente en el marco de esta denuncia.
Asimismo, el ciudadano señaló inconformidades con actuaciones de integrantes de la Unión Patriótica, incluyendo a Aída Avella y Jahel Quiroga Carrillo, en relación con un proceso judicial laboral adelantado en Bogotá.
Pérez González también reivindicó su participación en el proceso de recuperación de la personería jurídica de la Unión Patriótica, restituida mediante fallo del Consejo de Estado de Colombia el 4 de julio de 2013.
El caso expuesto por el denunciante subraya la importancia de fortalecer los mecanismos de atención al usuario en el transporte público, así como la necesidad de garantizar el debido proceso y la verificación de hechos en controversias laborales y políticas.
Se espera que las autoridades competentes y las entidades mencionadas evalúen las denuncias y, de ser pertinente, emitan pronunciamientos oficiales sobre los hechos señalados.
