El zarpazo al mérito: la emergencia como excusa para sepultar el empleo digno
El recientemente firmado Decreto Legislativo 1384 del 9 de septiembre de 2026 representa uno de los golpes más severos y descarados contra las aspiraciones de la clase trabajadora colombiana en la historia reciente. Bajo la siempre útil y maleable mampara de la "emergencia social", el gobierno de Abelardo De La Espriella ha decidido congelar hasta el 31 de diciembre los procesos de selección del Estado. Con una sola firma, el Ejecutivo no solo paralizó el aparato de movilidad social más democrático del país, sino que abrió de par en par las compuertas de la arbitrariedad y el clientelismo que tanto costó regular.
Es imperativo desmontar la
narrativa oficial. Detrás del discurso biempensante de "proteger a los
damnificados del sismo" y garantizar la "inclusión en zonas
afectadas", se esconde un cálculo político sombrío. Suspender los
concursos de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) no alivia la
tragedia de las víctimas del terremoto; al contrario, castiga doblemente a una
ciudadanía que ve en el empleo público formal la única balsa de salvación
frente a la precariedad económica generalizada. El mérito no es un lujo
postergable; es un derecho fundamental de los trabajadores.
Lo más alarmante del decreto no es solo el congelamiento de los sueños de miles de profesionales que invirtieron tiempo, dinero y noches de estudio en los exámenes. El verdadero veneno de la norma radica en la autorización para crear plantas temporales excepcionales durante el periodo de suspensión. Aquí queda al descubierto el verdadero interés que solapa la medida: desplazar el examen técnico y transparente para reinstaurar el "dedo institucional".
En la práctica, el gobierno
suspende las listas de elegibles legítminas —donde el hijo de un obrero puede
ganarle el puesto al recomendado de un político gracias a su conocimiento— para
habilitar contrataciones a discreción bajo el pretexto de atender la crisis. Es
la vieja e infalible fórmula de la política tradicional: usar la tragedia
humanitaria como una cortina de humo para engordar las nóminas con lealtades
políticas, privando a la clase obrera y a los profesionales independientes de
un terreno de juego nivelado.
Congelar los concursos hasta el 31 de diciembre de 2026 es, en esencia, una persecución silenciosa contra el ascensor social. Mientras el sector privado formal se contrae y las familias trabajadoras luchan por llegar a fin de mes, el Estado decide cerrar la única puerta donde el apellido, las influencias y el dinero no determinan el futuro de un aspirante.
